Portavoces de RCADE aseguraron hoy en rueda de prensa que no van a resignarse y que continuarán pidiendo el apoyo de los ciudadanos con el objetivo de que el juicio se repita, por considerar inaceptables las condiciones en las que que se celebró, al rechazarse la presentación de pruebas fundamentales.

Uno de los miembros de la asocación, José Luis Gómez, afirmó que es muy difícil probar que la policía se extralimitara en la carga, como solicitó la juez, si se desestiman las pruebas que existen, como el testimonio de 8 testigos (la juez sólo admitió que declararan 2 de los 10 testigos presentados por la defensa), el vídeo que recogía las imágenes de la carga policial y el acta del Congreso, en la que el entonces ministro del Interior, Jaime Mayor Oreja, afirmaba que la carga fue "excesiva".

Los hechos se produjeron el 26 de novimbre de 2000, cuando un grupo de personas intentaba desplegar ante la Cámara Baja unas pancartas reclamando la abolición de la deuda externa que tienen contraída los países pobres. Al no estar autorizado el acto, la policía disolvió a los concentrados, realizando una carga en la que, según la RCADE, empleó una violencia desproporcionada.

La RCADE considera que la carga policial y la sentencia que condena a dos años de cárcel y una multa de 210.000 pesetas a un miembro de esta organización por los citaos incidentes son un ejemplo más "de la voluntad del Gobierno de atacar los movimientos sociales".