La presidenta de la Federación de Asociaciones de Mujeres Separadas y Divorciadas, Ana María Pérez del Campo, declaró a Servimedia que la actual Ley de Enjuiciamiento Criminal es un "intento flagrante de dinamitar la Ley de Violencia de Género" porque impide declarar a la mujer contra su maltratador y está provocando el archivo de centenares de casos.

A juicio de Ana María Pérez del Campo, mantener tal cual está la Ley de Enjuiciamiento Criminal es un "disparate" porque los juzgados de violencia de género están archivando los casos a centenares.

El escrito enviado al ministro de Justicia, firmado por la Federación de Asociaciones de Mujeres Separadas y Divorciadas, la Federación de Mujeres Progresistas, la Comisión para la Investigación de Malos Tratos, la Asociación Vivir sin Violencia de Género, la Fundación Mujeres y Enclave Feminista, solicita que dicho departamento ministerial promueva la reforma legislativa de los artículos 416 y 418de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

Alegan que las diversas organizaciones han constatado, a través de la práctica diaria, las contradicciones entre las leyes procesales y la nueva ley contra la violencia de genero, que impiden una adecuada defensa jurídica de las mujeres cuando acuden a los juzgados en demanda de sus derechos.

Las citadas organizaciones solicitan que se excepcione de los artículos 416 y 418 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal los delitos contemplados en el articulo 1.3 de la Ley Orgánica de protección integral sobre la violencia de género.

Igualmente, explican que "colocar a la mujer declarante del maltrato en la alternativa de declarar o verse liberada de la declaración no deja de ser, en sus circunstancias, una forma más de maltrato institucional, que además entraña una flagrante contradicción jurídico-fáctica entre la norma sustantiva y la procedimental".

Los objetivos de la modificación son dos: adaptar las leyes procesales vigentes, procedentes de finales del siglo XIX, a las nuevas normas sustantivas de principios del siglo XXI, y sobre todo contribuir a garantizar el eficaz ejerciciolegítimo de la acción procesal de las mujeres víctimas de violencia de género.