La finalidad de esta iniciativa es conseguir que estos expedientes "conserven su valor patrimonial como parte de la memoria colectiva, garantizando la intimidad de las personas afectadas a partir de la Ley de Patrimonio Histórico, al amparo de la que quedarían estos documentos".

La campaña de la Fundación Triángulo ha comenzado por un envíode cartas a todos los miembros del Consejo General del Poder Judicial, a los portavoces de los grupos parlamentarios, a los presidentes y secretarios de Gobierno de los tribunales superiores de justicia de las comunidades autónomas y a los responsables de Cultura y Patrimonio de todas las autonomías.

En las cartas, la fundación solicita a los responsables políticos, culturales y judiciales que, "de una vez por todas, se protejan los datos personales y se defienda el patrimonio histórico de todos los cudadanos".

La Fundación Triángulo no es partidaria de la destrucción de los expedientes, como solicitan otros colectivos, ya que "destruir las pruebas de la represión sólo favorece, aun si se hace de buena fe, a los revisionistas de la historia".

Según el presidente de la fundación, Miguel Angel Sánchez, "simplemente defendemos la idea de que no olvidar la dictadura y sus reminiscencias es un antídoto ante su repetición. Estos documentos resultan estremecedores y creemos que pueden ser relevantesde cara a que las generaciones posteriores sepan que no siempre se pudo disfrutar de la libertad en este país".