Según afirman hoy en un comunicado, con el cierre pretenden dejar patente la "gravedad que supone el imponer unas limitaciones que van contra las libertades amparadas por la Constitución española".

A juicio de los exhibidores y distribuidores independientes, las medidas que recoge el decreto son "precipitadas" e impuestas por el Gobierno.

Estos colectivos profesionales independientes han criticado el decreto de Medidas Urgentes para la Cinematografía fundametalmente porque consideran que provoca un desequilibrio en el mercado.

Si las películas españolas no alcanzan la recudación mínima exigida, en su opinión, la licencias se ocuparán con cine europeo en versión original, con poca afición entre los españoles.

La consecuencia inmediata de este cambio en el mercado sería la disminución de público y el cierre inmediato de salas de pequeñas poblaciones.