Los huelguistas piden, entre otras cosas, un aumento de sueldo a través de la adecuación de la cuantía del complemento específico, que debería ser de 912.012 pesetas para los examinadores y examinadores-coordinadores y de 1.123.392 pesetas para el resto de convocantes.

Según afirma la DGT en un comunicado, en el acuerdo de desconvocatoria de le huelga de diciembre de 1999 el comité de huelga aceptó vincular la adecuación del complemento específico a un roceso de evaluación de los riesgos laborales de los puestos de trabajo, que se realizará próximamente.

Por otro lado, la Dirección General de Tráfico afirma que aceptar la reivindicación del comité de huelga supondría un aumento de las retribuciones anuales de entre el 10,84 y el 26,71%, dependiendo del grupo de titulación y del puesto ocupado.

Por otro lado, los huelguistas piden la creación de la Escala Ejecutiva de Técnicos de Tráfico, propuesta que la DGT asegura que va a ser atendida.

n cuanto a la implantación de un sistema de protección eficaz para garantice la máxima seguridad en el trabajo y el aseguramiento de estos trabajadores, otra de las reivindicaciones de los examinadores, la DGT afirma que ya tiene contratado un seguro de accidentes que cubre específicamente los riesgos de todo el personal durante las 24 horas del día.

Por lo que se refiere a otra de las peticiones, el establecimiento de un sistema de productividad por objetivos para el área de exámenes, la DGT indica qe se está estudiando la implantación de un sistema de asignación de incentivos al rendimiento por cumplimiento de objetivos en áreas estratégicas del organismo, entre las que se incluye el personal examinador. La aplicación de este nuevo sistema irá vinculada a planes de calidad en la prestación del servicio y al incremento en la partida presupuestaria.

Finalmente, por lo que respecta a la petición de modificación de la ficha de examen, haciendo constar en la misma la expresión "firma del examinador",la DGT afirma que "se desconocen las razones por las que, parece ser, a juicio de los convocantes sólo estarían legitimados para examinar quienes ocupen el puesto de examinador, cuando lo cierto es que esta función puede ser realizada por cualquier funcionario que se encuentre debidamente habilitado".