Esta afirmación se ha producido en el transcurso de la Comsión de Economía y Hacienda del parlamento cántabro, que a partir de hoy analiza el cumplimiento de la Ley de Control y para la que ha solicitado la comparecencia de funcionarios y altos cargos de la Consejería de Economía y Hacienda del Gobierno autónomo.

Pérez Bachiller, que está jubilado desde el pasado mes de marzo, indicó que a su juicio, de haber acatado la orden podía haber incurrido en "cierta responsabilidad penal" por actuar en contra de la ley, por lo que rechazó la presión "y ellos lo compendieron y terminaron las presiones".

"En el caso de haber efectuado unos pagos en enero con fecha de 31 de diciembre, el juez me podría procesar por falseamiento de documento público", afirmó el tesorero, por lo que rechazó tal posibilidad.

Ramón Pérez Bachiller cifró hoy en 8.000 millones de pesetas el volumen de mandamientos de pagos pendientes en el momento de su jubilación, en marzo de este año, y afirmó que recibió órdenes para que no se efectuase ningún desembolso sin un consentimiento firado por el presidente Juan Hormaechea.

Por su parte, el presidente de la comisión, el socialista Juan José Sota, y los portavoces parlamentarios criticaron que el Ejecutivo cántabro no haya remitido a la misma la documentación solicitada para poder analizar si se han cometido irregularidades y han dado un nuevo plazo al Gobierno regional.