El Partido Popular bloqueó ayer en el Parlamento de Castilla y León la solicitud de una comisión sobre este asunto, por entender que interferiría con la investigación abierta en el Juzgado de lo Social de Salamanca, lo que dio lugar a la acusación de la oposición de prcticar un doble lenguaje en esta autonomía y en el Congreso de los Diputados.

Sánchiz, que se encuentran en Baleares, donde tiene negocios con el Gobierno regional, solicitó, en declaraciones a Servimedia, la constitución urgente de esta comisión de investigación "para que aclare de una vez por todas un asunto en el que, como empresario, me siento perjudicado".

"Me desagrada la decisión del Gobierno Castellano-Leonés", puntualizó Sánchiz, quien insistió en "la necesidad de clarificar el asunto ecnómico, porque yo no tengo nada que ocultar en cuanto a números, como he dejado demostrado en varias ocasiones en la propia Junta".

El máximo responsable de ejecutar el Plan de Viabilidad de la empresa salmantina, en la comarca de Béjar, ha solicitado en varias ocasiones a la Junta que le entregue una copia del informe auditor realizado por "Price Waterhouse".

En ese dossier, "al que tuve acceso cuando asistí como acusado en el juicio que abordó la rescisión de contratos" precisó, "se especifica ue el Plan de Viabilidad no llegó a desarrollarse, pero también explica que 'Price Waterhouse' no pudo recopilar todos los datos necesarios para completar el informe".

Por esa razón, Sánchiz ha reclamado a las autoridades castellano-leonesas "y por escrito", precisó, la finalización del informe de tal modo que "nuestra intervención en esta empresa quede totalmente clara".

Sánchiz recordó que la subvención de 600 millones de pesetas aprobada para el reflotamiento de la empresa "llegó fuera de plaz". La previsión era que en el mes de enero de 1993 "entrara ese dinero, pero esto no fue así y los 600 millones aparecieron en el mes de julio de ese mismo año", explicó.

La ayuda llegó tarde, ya que el equipo gestor de Hispano Textil dirigido por Ignacio Sánchiz, presentó la suspensión de pagos de la empresa que el 25 de abril de 1993, cuando la compañía daba trabajo a 320 empleados.

Sánchiz es ahora consejero delegado de la empresa constructora Bayop S.A., que ejecuta las obras de reforma de lacarretera Deiá-Sóller (Mallorca). El Gobierno Balear adjudicó estas obras a Bayop S.A. al ser la empresa que por menos precio asistió al concurso público.

El consejero de Obras Públicas del ejecutivo autónomo balear, Bartomeu Reus, solicitó este mismo año información a su homólogo en la Junta de Castilla y León, acerca de la solvencia de Sánchiz. El Gobierno Balear consideró a Bayop S.A. como una empresa que "ofrecía suficientes garantías", según señaló entonces el Reus.

MEDIDAS DE CARA A LA GALERIA Por otra parte, el presidente de Castilla y León, el popular Juan José Lucas, aseguró hoy que su único objetivo es salvar la crisis de la empresa y que no admite la equiparación de este caso con la resistencia del Gobierno de Felipe González a que se creen comisiones de investigación en las Cortes Generales.

En declaraciones a Onda Cero, aseguró que está dispuesto a promover una comisión investigadora "en el momento en el que se aclare el futuro de la propia empresa", algo que, a su juicio, está or encima de medidas "de cara a la galería".

Según Lucas, "la subvención a la Hispano Textil se da a instancias del Grupo Socialista y de Izquierda Unida en las Cortes de Castilla y León, que solicitan que se dé esa subvención". Añadió que esa ayuda se habilitó a través de fondos de la comunidad autónomo, pero también de los incentivos regionales repartidos por el Gobierno central.