La Audiencia Provincial decidió también tomar declaración a Antonio Gómez González, técnico de la Consejería de Agricultura; al ex director de la Agencia Regional para el Medio Ambiente, Francisco López Baeza, y al ex secretario general de la Consejería de Política Territorial, Miguel Caballero, por este asunto relacionado con la compra de los terrenos de la finca Csagrande.

La Audiencia considera que existe constancia de que varias sociedades vendedoras de los terrenos a la comunidad autónoma habían comprado el suelo en fechas inmediatamente anteriores a su trasmisión al ente público, lo que, a su entender, puede "albergar conductas no sólo de enriquecimiento injustificado, sino incluso constitutivas de ilícitas penales".

Por ello, la Policía Judicial ha de proceder a la práctica de investigaciones para determinar las circunstancias que rodearon a estas trsmisiones y en concreto de las actividades y personas que integran la empresa Castillejos S.A.

Según el auto dado a conocer hoy, la citada empresa, domiciliada en Madrid, vendió a la comunidad autónoma un total de 24 fincas por 100 millones de pesetas, tras adquirirlas en el mismo mes.

Las diligencias se abrieron a raíz de una denuncia presentada por IU en febrero de 1992 por los presuntos delitos de "prevaricación e indicios racionales de criminalidad en las actuaciones".

El abogado de IU, oaquín Dolera, dijo hoy a Servimedia que la coalición está hoy de enhorabuena y calificó el auto de "valiente".

A su entender, la comunidad también debería estar contenta, ya que si el asunto llega al final, "no sólo se aclararán los problemas de transparencia en las instituciones, sino que la responsabilidad civil que pueda haber redundará en unas cantidades indebidamente gastadas que tendrán que volver a las arcas de la comunidad autónoma", ya que según él en este caso desaparecieron más de 1.500 milones de pesetas.

Por eso "instamos a la presidenta de la comunidad autonóma a que retire el 'colegio de abogados en pequeño' que ha puesto a Collado, porque no se entiende que en este proceso la comunidad pague tres abogados al ex presidente de la comunidad cuando los interses entre ambos son contrapuestos", agregó.