Sanz Roldán hizo estas afirmaciones en el marco de la rueda de declaraciones ordenada por Grande-Marlaska para determinar posibles responsabilidades en la contratación del Yak-42, el avión que se estrelló en Turquía el 26 de mayo de 2003 provocando la muerte de 62 militares españoles que regresaban de Afganistán.

Según explicó el abogado de varios familiares de las víctimas, Leopoldo Gay, el ex jemad fue más allá en su declaración y señaló que el que fuera jefe del Estado Mayor del Ejército de Tierra (JEME) en el momento del accidente, el teniente general Luis Alejandre, le aseguró que el por entonces ministro de Defensa, Federico Trillo, conocía las quejas sobre la seguridad de los vuelos.

En concreto, Sanz Roldán dijo que Alejandre le comentó, en una reunión celebrada pocos días después del siniestro del Yak- 42, que Trillo conocía el contenido del informe realizado por el Centro de Inteligencia y Seguridad del Ejécito de Tierra (Ciset) en el que se recogían las quejas formuladas por varios oficiales por las deficiencias que presentaban los aviones que se utilizaban para el transporte de las tropas que participaban en misiones en el exterior.

Por otro lado, en su declaración ante el juez, que duró cerca de una hora, Sanz Roldán explicó que tras el siniestro se encargó una investigación que reveló toda la cadena de subcontrataciones que desembocaron en la contratación del Yak- 42.

Según esta investigación, de los 149.000 euros que el ministerio de Defensa pagó a Namsa, la agencia intermediaria de la OTAN, la aerolínea propietaria del Yakovlev siniestrado, la ucraniana UM-Air, tan sólo percibió 38.000 euros.

Para el antiguo Jemad, el dinero gastado en las distintas comisiones abonadas a intermediarios dentro de esta cadena de subcontrataciones fue "desmesurado".

DECLARACIONES CONTRADICTORIAS

Todas estas afirmaciones fueron contradichas por el teniente general José Antonio Gónzalez García, número dos de Alejandre dentro de la jefatura del Ejército de Tiera en el momento del accidente del Yakovlev.

Las fuentes jurídicas consultadas señalaron que González García aseguró ante Grande-Marlaska que el JEME no conoció las quejas recogidas en el informe realizado por el Ciset hasta después del siniestro del Yak-42.

En concreto, González García aseguró que, tanto él como Alejandre, conocieron el infome del Ciset "por la prensa" y añadió que tampoco tenían constancia de la cadena de subcontrataciones de los aviones de transporte de tropas.

La declaración de González García entró en colisión con la efectuada por el jefe de la fuerza de maniobras del Ejercito de Tierra en Valencia, el teniente general Juan Ortuño, quien aseguró que elevó directamente a Alejandre antes del siniestro de Yakovlev un informe sobre las deficiencias de los vuelos.

En dicho informe, Ortuño daba cuenta de los fallos de seguridad de los aparatos e incluía fotografías en las que aparecían ruedas de trenes de aterrizaje "fuertemente desgastadas".

De hecho, el teniente general aseguró que se estaba preparando una reunión, a la que iba a asistir Alejandre, para proponer soluciones ante las deficiencias de los aviones, pero que este encuentro se anuló al sobrevenir el accidente del Yak- 42.

Por su parte, el comandante Manuel Ruiz de Oña, miembro del contigente Aspfor IV -al que pertenecían los 62 militares fallecidos en el accidente-, explicó al juez que realizó hasta cuatro viajes en aparato similares al Yakovlev y que el aspecto interior y exterior de los aviones daba "un poco de reparo".

El comandante indicó que las ruedas de estos aviones "tenían un estado lamentable" y añadió que en una ocasión le tocó viajar por falta de espacio dentro de un vehículo cuatro por cuatro que era transportado como carga dentro de uno de los aparatos.

Además, declararon hoy ante Grande-Marlaska el capitán Jurídico Alberto Díaz Pico, miembro del contingente Aspfor IV; el teniente general Gonzalo Ramos Jacome, jefe del Mando Aéreo Centro; el coronel auditor Ricardo Fortún; y el jefe de la División de Planes del Estado Mayor Conjunto, el general de brigada Ángel Ginea.

La citación de estos testigos se produjo después de que Grande-Marlaska imputase en la causa por un delito de homicidio por imprudencia grave al que en 2003 era el jefe del Estado Mayor de la Defensa (Jemad), el almirante general Antonio Moreno Barberá.

Además, el magistrado imputó por el mismo delito al jefe del Estado Mayor Conjunto (Jemacon), el general de división Juan Luis Ibarreta; al jefe de la División de Operaciones del Emacon y del Grupo de Control del Contratos, el contraalmirante José Antonio Martínez; al coronel jefe de la Sección de Logística de la División de Operaciones de Emacon, Joaquín Yáñez, y al comandante de la Sección Logística de este departamento, Alfonso Elías Lorenzo.