UN EX ASESOR JURIDICO DEL SCH DEFENDIO LA LEGLIDAD DE LOS MULTIMILLONARIOS PAGOS A AMUSATEGUI Y CORCOSTEGUI
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Antonio de Hoyos González, ex asesor jurídico del Santander Central Hispano (SCH), defendió hoy la legalidad de los contratos por los que se acordaron millonarias compensaciones para José María Amusátegui y Angel Corcóstegui, ex co-presidente y ex vicepresidente del citado banco, respectivamente, tras su salida de la entidad.
De Hoyos González declaró como testigo ante la juez de la Audiencia Nacional Tersa Palacios, a petición del fiscal encargado del caso, Jesús Caballero. La magistrada instruye el pago de 47,75 millones de euros a Amusátegui y de 108 millones a Corcóstegui tras abandonar el SCH.
Este ex asesor jurídico del SCH explicó a la magistrada Teresa Palacios que él mismo redactó el contrato de Amusátegui y que colaboró con otras personas en la elaboración del de Corcóstegui.
También insistió en que todos los miembros del Consejo de Administración del SCH celebrado el 17 de abril de 199, en el que se aprobaron sendos pagos, tuvieron información y "disponibilidad física" del contrato que recogía el abono a Amusátegui y Corcóstegui.
De Hoyos no quiso acogerse al secreto profesional y respondió a todas las preguntas que le formularon sobre el caso tanto los abogados defensores, como las acusaciones y el fiscal.
QUERELLAS
Este caso llegó a la Audiencia Nacional cuando el accionista Juan Francisco Franco Otegui interpuso una querella contra el presidente del SCH, Emilio Botín, y cntra Amusátegui. La juez la admitió a trámite el pasado 5 de noviembre.
La magistrada apreció la existencia de un supuesto delito societario en la actuación de ambos, al acordar que se generara un gasto de 43,7 millones de euros (unos 7.200 millones de pesetas) como pago a Amusátegui, lo que atentaría supuestamente contra los intereses de los accionistas.
La querella de Franco Otegui se basa en el perjuicio patrimonial para todos los accionistas por la dotación especial destinada a la jubilación e Amusátegui y destaca que "en los estatutos sociales del BSCH no se contempla la existencia de una indemnización a favor de los administradores para el caso de que estos sean removidos sin justa causa".
Por su parte, la denuncia presentada por Rafael Pérez Escolar, en calidad de accionista del SCH, solicitaba la investigación del cobro percibido por Corcóstegui, por entender que redundó en perjuicio de los inversores.
Además, argumentó que ni la Comisión Nacional del Mercado de Valores ni el Bano de España fueron informados de las razones por las que Corcóstegui abandonó el banco del que fue vicepresidente y consejero delegado.
Fue a principios del pasado mes de marzo cuando la magistrada decidió acumular en la misma causa el caso abierto contra Amusátegui y la denuncia que el ex consejero de Banesto y accionista del SCH Rafael Pérez Escolar presentó ante la Fiscalía Anticorrupción por el pago a Corcóstegui.
(SERVIMEDIA)
27 Mayo 2003
VBR