González Panero explicó a la salida de los juzgados que se acogió a su derecho constitucional a no declarar ante Garzón porque prefiere esperar a que se conozcan los aforados implicados en la causa y que tribunal será el competente para instruir la causa. "Estaré encantado de declarar cuando se sepa quién es competente", señaló.

El magistrado, a pesar de dejarlo en libertad, decidió imponer a González Panero la obligación de comparecer semanalmente ante los juzgados. Su abogada, María Ramírez, calificó de "represalia" la decisión de Garzón.

Anteriormente, el juez había dejado en libertad sin medidas cautelares al ex alcalde popular de Majadahonda (Madrid), Guillermo Ortega; al empresario de la comunicación José Luis Ulibarri; así como a los imputados Pablo Ignacio Gallo Alcántara, Carlos Ignacio Hernández y a un empleado del despacho R. Blanco-Guillamot de nombre Juan Antonio.

A pesar de haber quedado en libertad, todos ellos siguen imputados en la causa por los delitos de cohecho, fraude fiscal, tráfico de influencias y blanqueo de capitales.

Ortega llegó a la Audiencia Nacional cargado con cuatro archivadores con documentación que pretende aportar al juez para que se incluya en el sumario.

Mientras Ortega tuvo que dejar su cargo como gerente del Mercado Puerta de Toledo tras conocerse su implicación en la trama, González Panero protagonizó un tira y afloja con la dirección de su partido hasta que decidió dimitir de su puesto al frente del Ayuntamiento de Boadilla del Monte.

Por otro lado, Garzón está a la espera de recibir el informe de la Fiscalía Anticorrupción para decidir si se inhibe y deja la causa en manos del Tribunal Supremo al haber encontrado indicios de responsabilidad penal contra al menos dos aforados nacionales (senadores, diputados o parlamentarios europeos).

Garzón tiene previsto tomar declaración mañana a otros ocho imputados, entre ellos el ex vocal del PP en la Junta de Distrito de Moncloa (Madrid) José Javier Nombela, imputado en la causa.