Para este partido, la denominada "ley Corcuera" ha generado una intensa controversia social, sobre todo los artículos que limitan los derechos individuales y colectivos.

Por ello,entiende que, ante la polémica, "los representantes populares están obligados a impedir cualquier extralimitación en el recorte de las libertades".

Más de un centenar de jueces y abogados navarros solicitaron recientemente al Defensor del Pueblo, Alvaro Gil-Robles, que llevase la ley al Tribunal Constitucional, por ser "autoritaria y antidemocrática", además de usurpadora de las funciones que la Carta Magna asigna a los jueces.