Este galardón tiene como objetivo reconocer la labor de personas, entidades o empresas que han destacado en la promoción de la diversidad lingüística del Estado.

La iniciativa se enmarca en el protocolo de colaboración de política lingüística que desde 2007 tienen en vigor los gobiernos de País Vasco, Cataluña, Galicia e Islas Baleares para aunar esfuerzos en los procesos de normalización lingüística en las cuatro comunidades.

También pretende "el fomento del reconocimiento real y la protección efectiva por parte de los poderes públicos del Estado de las lenguas oficiales distintas al castellano".