Por su parte, dos eurodiputados españoles del Partido Popular denunciaron las condiciones discriminatorias para la flota pesquera del sur que a su juicio recoge el nuevo acuerdo pesquero de la Unión Europea con Groenlandia.

La reforma de la política pesquera comunitaria tiene como objetivo la consecución del mercado único para el sector de la pesca, que, unque fue fijado por el Acta Unica para el año 1992, todavía se basa en compartimentos nacionales sobre la gestión de recursos, la flota o el acceso discriminatorio a los caladeros, entre otros, en opinión de la eurodiputada del Grupo Parlamentario Socialista.

Miguélez realizó más críticas al documento, al considerar que éste no muestra interés en la defensa del sector pesquero comunitario, al presentarlo como "sustractor de los recursos de los países pobres y como depredador de los mares". Por el conrario, la eurodiputada sostiene que "la actividad reglada de nuestra flota industrial es compatible con la de la flota local de estos países".

Rosa Miguélez considera que el problema del texto recae en la confusión de los criterios medioambientales con la gestión de los recursos, que en su opinión es necesario distinguir y separar para asegurar la supervivencia y viabilidad de esta industria, por lo que pide la inclusión en el Libro Verde de elementos sociales que afectan directamente a los pescadores sobre las condiciones de trabajo, la remuneración y, especialmente, la siniestralidad. Por su parte, el comisario Fischler se comprometió a incluir en el Reglamento las propuestas que formule el Parlamento Europeo, principalmente en temas relacionados con la siniestralidad.

En esta línea, los eurodiputados del PP Carmen Fraga y Daniel Varela denunciaron ante el pleno del Parlamento Europeo el contenido del cuarto acuerdo pesquero con Groenlandia y la "arbitrariedad" de la Dirección General de Pesca ala hora de negociar los acuerdos de pesca con países terceros en función de si la flota beneficiaria proviene del sur o del norte de Europa.

Concretamente, critican lo caro que resulta el acuerdo (43 millones de euros anuales), dado que la flota comunitaria que faena en estas aguas no cubre la totalidad de las capturas permitidas y el protocolo no permite que otras flotas acudan para beneficiarse. Además, estos armadores no han de sufragar una parte del coste de las licencias de pesca, cosa que sí ocure con la flota española. Por ello, piden al comisario Fishler que la revisión de las condiciones de este protocolo, prevista para 2003, corrija esta situación de discriminación.