Tanto las eurodiputadas Ludivina García Arias, del Grupo Socialista, y Laura González Alvarez, de Nueva Izquierda, como Joaquín Siso Cruellas, del Grupo Popular, han expresado al responsable europeo de la Competencia sus discrepancias con las sanciones, por considerarlas "desproporcionadas" e "injusta".

Durante la exposición de Van Miert al Parlamento de los motivos que han llevado a imponer las sanciones, García Arias y Siso coincidieron en destacar la incongruencia que supone acusar a las empresas españolas de prácticas contra la competencia, como pactar repartos de mercado en 1990, cuando en esas fechas, la industria siderúrgica nacional estaba volcada en los grandes pedidos que originó la convocatoria de eventos en el 92 como la Olimpiada y la Expo.

Por su parte, la representante de NuevaIzquierda destacó que la imposición de las sanciones no tiene en cuenta que Asturias, enclave de las instalaciones de Ensidesa, es una región en continua reconversión en todos sus sectores productivos, y que su siderurgia ha perdido en los últimos años 6.000 puestos de trabajo directos y más de 10.000 indirectos.

En el debate parlamentario, los tres eurodiputados españoles hicieron hincapié en que la actitud de "cartel" mantenida en 1990 por British Steel y "varias empresas españolas" para limitar su ctividad a sus respectivos mercados nacionales de vigas, no se corresponde con la situación de una industria que, por esas fechas, acababa de salir de una limitación de las exportaciones durante dos años y cubría, de sobra, su capacidad con pedidos nacionales.