De esta forma, este informe sobre la Política Agrícola Común (PAC) aprobado por la Eurocámara rechaza la propuesta de la Comisión Europea de que este servicio sea cofinanciado por los Estados miembros y añade que sólo podrán incluirse en el plan alimentos procedentes de la UE.

El informe, de carácter consultivo, fue aprobado por 425 votos a favor, 71 en contra y 62 abstenciones, y descarta la idea del Ejecutico comuntario de que los Estados miembros aporten un 25% de los fondos entre 2010 y 2012 y que esta cifra aumente hasta el 50% en 2015.

La Eurocámara argumenta que los Estados miembros "con bajos niveles de ingresos por habitante y cuyo presupuesto afronta dificultades financieras" no podrían participar en el plan en caso de que tengan que cofinanciar el programa de ayuda alimentaria.

Además, el eurodiputado polaco del PPE Adam Siekierski, ponente de la iniciativa, indicó que estas dificultades se incrementarían en un momento de crisis económica mundial como el actual.

De hecho, la participación de los Estados había sido uno de los puntos de conflicto sobre este asunto, ya que en el Consejo de Ministros de Agricultura de noviembre de 2008, Alemania, Reino Unido, Países Bajos, Suecia, Dinamarca, República Checa y Letonia se opusieron a la propuesta de la Comisión porque entendían que la distribución de alimentos debería financiarse a través de programas sociales nacionales y no de la PAC.

Otro de los cambios introducidos por el informe es que los productos que se destinen a este plan sean de origen comunitario y que sean preferiblemente alimentos frescos.

Los europarlamentarios también se mostraron favorables a que se aumente el abanico de productos alimentarios para promover una dieta más equilibrada, así como que a partir de 2010 se realicen planes de distribución de comida a más largo plazo.

Según Siekierski, en 2006 se beneficiaron de este programa cerca de 13 millones de personas de 15 Estados miembros, de los 43 millones de sus ciudadanos en riesgo de malnutrición y de los cerca de 79 millones en riesgo de pobreza.

El año pasado participaron voluntariamente en el proyecto 19 Estados miembros, con un presupuesto cercano a los 305 millones de euros.