Además, los eurodiputados han propuesto la realización de una campaña informativa y de sensibilización del público sobre las consecuencias sociales y económicas de la piratería comercial.

La piratería puede poner en riesgo la salud y la seguridad del consumidor, disminuye sus posibilidades de elección y puede provocar pérdidas de empleo en las empresas legales y reducciones de ingresos para artesanos, aristas y pymes, aparte del aumento de la delincuencia organizada y el empeoramiento de las condiciones de trabajo del personal de las empresas piratas.

Asimismo, los eurodiputados han apoyado la concesión a las organizaciones profesionales de un derecho de recurso ante los tribunales en defensa de sus derechos colectivos, junto con la adopción de otras posibles medidas, como los códigos de identificación únicos en todos los soportes digitales producidos en Europa, la extensión de las competencias de Euopol a estos ámbitos y la armonización de la legislación de los Estados miembros en materia de propiedad intelectual.