La comisión parlamentaria considera que las autoridades regionales competentes deberían "suspender y revisar" todos los planes urbanísticos nuevos "que no tienen en cuenta los criterios de sostenibilidad medioambiental y responsabilidad social", y que no garantizan "el respeto por la propiedad legítima de los bienes adquiridos legalmente".

Los diputados sugieren interrumpir la provisión de ayudas de la Unión Europea al país hasta que no se solucione el problema, y exigen una "indemnización adecuada" para las víctimas.

El informe, aprobado con 24 votos a favor, 11 en contra y una abstención, reitera las conclusiones recogidas en las resoluciones anteriores "que ponen en tela de juicio los métodos de designación de los agentes urbanizadores y los poderes con frecuencia excesivos otorgados a los urbanistas y promotores inmobiliarios por parte de determinadas autoridades locales".

MARBELLA

Los diputados están preocupados especialmente sobre la situación de la planificación urbana en el municipio de Marbella, donde se han construido ilegalmente decenas de miles de viviendas "que infringen probablemente la legislación comunitaria en materia de protección del medio ambiente, participación pública, política del agua y contratación pública".

También alerta de que las islas y las zonas costeras mediterráneas de España han sufrido una "destrucción masiva" en la última década, puesto que "el cemento y el hormigón han saturado esas regiones". El pleno del Parlamento Europeo votará el informe definitivo el 26 de marzo.