Los eurodiputados debatirán dos propuestas sobre este tipo de tarjeta que han obtenido ya el visto bueno de la comisión parlamentaria encargada de Asuntos Jurídicos.

La "tarjeta de servicios UE" podría beneficiar a casi 5 millones de ciudadanos extracomunitarios que residen legalmente en la UE, ya que muchos de los obstáculos jurídicos que les impiden la libre prestaciónde sus servicios quedarán suprimidos con su introducción. Una de estas trabas se presenta a la hora de obtener un nuevo visado o permiso de trabajo.

La primera de las propuestas se refiere a facilitar los trámites administrativos a la empresa prestadora de servicios que quiera desplazar a alguno de sus trabajadores no comunitarios a otro país de la UE distinto al del establecimiento de la compañía en el marco de su prestación laboral.

La ponente de este informe, la eurodiputada María Berger, matia la propuesta inicial de la Comisión Europea diciendo que en su texto no existe ninguna obligación legal que fuerce al prestador a solicitar esta tarjeta comunitaria, y que persiste la posibilidad de recurrir a la vía tradicional, es decir, a la obtención de visados y permisos de trabajo.

Berger también presentará mañana ciertas enmiendas que introducen el criterio de temporalidad para evitar que el trabajador extracomunitario permanezca en el Estado donde fue enviado una vez que haya finalizado sus ervicios.

La ponente cree que hay que garantizar este retorno a través de las condiciones de expedición de la tarjeta, que no tendría una validez superior a los 12 meses. El texto establece, además, que este tipo de iniciativa no se aplicará ni a las empresas de trabajo interino ni a las de suministro de mano de obra.

La segunda propuesta amplía la libertad de prestación de servicios y, por tanto, la posibilidad de acceder a la "tarjeta de servicios UE" a los nacionales de terceros países que pretan servicios en un determinado Estado diferente al de su establecimiento por un cierto tiempo.