CCOO onsidera que el proyecto gubernamental por el que se modifica la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas supone un avance, pero quiere conocer el texto completo del proyecto antes de opinar globalmente sobre el mismo.

Según el proyecto de ley aprobado ayer por el Consejo de Ministros, la Administración sólo podrá contratar con ETTs servicios referidos a la realización de encuestas, toma de datos o servicios análogos, y con una duración máxima de seis meses.

En declaraciones a Servimedia Javier Doz, secretario de Información de CCOO, indicó que el sindicato quiere ver con detenimiento el proyecto de ley, especialmente las excepciones en las que la Administración puede contratar a ETTs, así como otros aspectos, porque, a su juicio, esta ley aborda muchas cosas importantes.

No obstante, reconoció que es un avance la limitación del uso de las ETTs por parte de la Administración, y dijo que esta medida se deriva de los acuerdos para la estabilidad firmados entre CCOO y el Gobierno a finaes del 98, donde se recogió este asunto. Añadió que, aunque sólo los firmó CCOO, eran una reivindicación común de UGT y CCOO.

"Ese es un elemento de avance, pero nos interesa conocer también el punto de las excepciones y la redacción de las mismas, para ver si esa limitación es preocupante y si los acuerdos de diciembre se han cumplido en sus estrictos términos". Indicó que CCOO procurará que, a través del trámite parlamentario de la ley, el texto se ajuste a lo acordado entre el Gobierno y CCOO.

Por su parte, UGT aplaudió la decisión del Gobierno de prohibir que la Administración pueda realizar contratos a través de las ETTs y felicitó al Gobierno por tomar una decisión "largamente demandada" por las organizaciones sindicales, aunque pidió que esta prohibición no tenga excepciones.

La central que lidera Cándido Méndez considera, según señala en un comunicado, que el Gobierno debe demostrar que "su prioridad es el empleo estable en la Administración", por lo que reclamó la supresión total de ls excepciones con las ETTs, que a su juicio deben ser erradicadas del empleo público.