ETA. UA DICE QUE MUERTES COMO LA DEL ETARRA GIL OSTOAGA JUSTIFICAN LOS JUZGADOS DE VIGILANCIA PENITENCIARIA N LA AUDIENCIA NACIONAL

MADRID
SERVIMEDIA

El portavoz de Unidad Alavesa (UA), Ernesto Ladrón de Guevara, manifestó hoy a Servimedia que la muerte del etarra Félix Ramón Gil Ostoaga justifica la creación de uno o varios juzgados de Vigilancia Penitenciaria en la Audiencia Nacional.

El cuerpo sin vida del terrorista Felix Ramón Gil Ostoaga, al que una juez concedió el régimen penitenciario abierto, fue encontrado a primera hora de la pasada madrugada en las proximidades del barrio de Urtaza, en la localidad de Legazpia, con un disparo en el pecho y junto a una escopeta.

"Como todo lo que existe y hay en el País Vasco, la justicia está corrompida por la presión terrorista", argumentó. "En el País Vasco no hay justicia, porque los jueces están condicionados y la misma selección de los jueces está ligada a la pertenencia al mundo nacionalista".

En su opinión, el clima en el País Vasco es el mismo que el que respiraban los jueces de la época de Franco, que "no hacían justicia porque staban condicionados por un régimen en el que ellos mismos no eran libres".

Con estos argumentos, Ladrón de Guevara defendió la creación de juzgados de vigilancia penitenciaria en la Audiencia Nacional para que controlen el cumplimiento de los reos a los que ha condenado por terrorismo, narcotráfico y delitos económicos a gran escala.

Además, Ladrón de Guevara admitió que no le extrañaría que la muerte del etarra Félix Ramón Gil Ostoaga se debiera a un "ajuste de cuentas en el propio mundo etarra, al tiempo que agregó que otra hipótesis resultaría "difícil de creer".

Ladrón de Guevara añadió también que tan criticable le pareció la concesión del tercer grado a Gil Ostoaga como al ex director general de la Guardia Civil, Luis Roldán, porque en ninguno de ambos casos hubo arrepentimiento y sí voluntad de "aprovecharse de la propia generosidad del sistema penitenciario".

Gil Ostoaga se encontraba en régimen abierto penitenciario desde mediados de octubre, por orden de la juez Ruth Alonso, ua decisión que causó polémica, dado que el terrorista había sido comdenado a 298 años de cárcel.

(SERVIMEDIA)
23 Nov 2002
VBR