Esta reforma legislativa, fraguada en el marco del Pacto Antiterrorista suscritopor PP y PSOE, prolonga hasta los cuarenta años el límite máximo de cumplimiento de condenas y condiciona el disfrute de los beneficios penitenciarios a la desvinculación expresa de la violencia, para lo que es fundamental facilitar información sobre la banda terrorista.

Asimismo, establece que en los delitos de terrorismo, el tercer grado penitenciario sólo podrá concederse cuando quede por cumplir una quinta parte del límite máximo de cumplimiento de la condena, y la libertad condicional, cuando rese una octava parte.

En su enmienda a la totalidad, IU subraya que la política de seguridad del PP, que mete criminalidad, inmigración y terrorismo en un "totum revolutum", provoca un "evidente daño a determinados valores constitucionales" con la filosofía de que "todo es solucionable con mano dura penal".

IU rechaza la "ultraextensión arbitraria de la prisión provisional, el endurecimiento generalizado de las penas, la obstaculización del acceso a los beneficios penitenciarios o la muerte civil d determinados reclusos", lo que considera contrario a importantes preceptos constitucionales.

Por su parte, el PNV quiere que el proyecto sea retirado porque "apuesta por un sistema penal regresivo que cuestiona el carácter resocializador de la pena" y se plantea desde "el oportunismo político", olvidando que "la defensa de un sistema penal y penitenciario justo no resta un ápice a compartir la repugnancia que nos producen los crímenes terroristas".

Asimismo, considera esta medida "de dudosa consitucionalidad", pues un tiempo de reclusión ininterrumpido superior a quince años provoca a la mayor parte de los penados "consecuencias de orden psíquico y social que imposibilitan en ocasiones su reinserción social".

Eusko Alkartasuna pide la devolución del texto al Gobierno porque "incurre continuamente en el error de confundir estancia en prisión con cumplimiento de la pena", pues el tercer grado forma parte también de este cumplimiento, igual que la libertad condicional, aunque de forma más beniga y sometida a unas condiciones que tienen que ver con la ausencia del peligro de reincidencia.

EA añade que la vulneración de principios constitucionales, como la reeducación de los presos y la humanidad de las penas, "descalifica por completo este proyecto", ya que las penas de larga duración llevan "irremediablemente unida la destrucción del sujeto como ser social".

Por su parte, el BNG argumenta que este proyecto "oportunista", amenaza con "alejar el sistema penal español del paradigma europe continental, para aproximarlo a concepciones puramente retributivas de clara raíz estadounidense".

Iniciativa per Catalunya alega que el alargamiento de las condenas hasta cuarenta años "anula cualquier posibilidad de fundamentar la incorporación de la persona condenada a la sociedad", y supone una regresión en materia de derechos y libertades que el Congreso de los Diputados debe rechazar.

En su enmienda, ERC subraya que este proyecto "carece de legitimación en un Estado social y democrático dederecho", pues está "desprovisto de cualquier finalidad preventiva que lo justifique y se convierte en pura retribución, cuando no en mera canalización de impulsos de venganza".