Requero hizo estas declaraciones a Servimedia después de que el fiscal jefe de la Audiencia de Cádiz, Isidoro Hidalgo, planteara la necesidad de elevar las penas por delitos de terrorismo y abogara por la aplicación de la cadena perpetua, sin aludir a la necesidad de modificar la Constitución.

Por su parte, la asociación Jueces para la Democracia y la Unión Progreista de Fiscales manifestaron a esta agencia que, a su juicio, la cadena perpetua es una medida contraria a la Carta Magna.

APM

Al ser preguntado sobre la legalidad de la cadena perpetua, el portavoz de la APM afirmó: "No creo que haya una oposición directa o frontal a la Constitución, siempre y cuando los valores que prevé la Constitución, sobre todo de reinserción, prosperen".

Según Requero, "el principal escollo es que la Constitución dice que las penas tienen que estar encaminadas a la reinerción social del reo, y el problema que se plantea es si la persona que va a estar de por vida en la cárcel va a quedar plenamente resocializada".

"El problema es cuando hay una persona que se niega a reinsertarse o resocializarse", explicó, para agregar que se trata de "un tema de oportunidad legislativa y de política criminal de primera magnitud".

JUECES PARA LA DEMOCRACIA

Por su parte, la portavoz de Jueces para la Democracia (JpD), Monserrat Comas, dijo a esta agencia, en referencia a las eclaraciones del fiscal de Cádiz, que le parece "un auténtico despropósito por parte de un miembro de un poder público pedir la cadena perpetua".

Explicó que la cadena perpetua es inconstitucional porque vulneraría el artículo 15 de la Constitución, que prohíbe penas y tratos degradantes, y la cadena perpetua está considerada como tal. Añadió que además también es incompatible con el artículo 25 de la Carta Magna, ya que "impide los fines resocializadores en el cumplimiento de las penas" que exige est artículo.

"La Constitución española, en su artículo 25, establece que el cumplimiento de las penas privativas de libertad debe ir orientado hacia la resocialización de los penados, y no exceptúa de esta finalidad ningún delito, ni siquiera los cometidos por bandas terroristas, por lo que entendemos que no puede hacerse un tratamiento penal contrario a la Constitución", agregó.

"Sin embargo", aclaró la portavoz de JpD, "dado que la Ley General Penitenciaria exige una serie de requisitos para que os penados puedan ser calasificados en el tercer grado y así disfrutar de beneficios penitenciarios, la gran mayoría de presos de ETA, al no cumplir estos requisitos, están cumpliendo íntegramente las condenas establecidas en sentencia".

FRANCISCO DE VITORIA

También se pronunció sobre este asunto el portavoz de la asociación judicial Francisco de Vitoria, José Luis González Armengol, quien declaró a Servimedia que si bien están de acuerdo con las penas previstas en la Constitución, no descarta que pdiera estudiarse, como posibilidad, el establecimiento de la cadena perpetua.

Señaló que las declaraciones del fiscal jefe de Cádiz "están en sintonía con la demanda de la sociedad", por lo que sería una posibilidad a estudiar que compete al legislativo.

"Nosotros, aparte de juristas, también somos ciudadanos y estamos en la calle, y parece ser que son peticiones bastante generalizadas por la ciudadanía, que aboga por penas más duras", dijo.

González Armengol señaló, en relación a la posibildad de endurecer las penas por delitos de terrorismo, que, en su opinión, las establecidas actualmente son suficientes, si bien "sería conveniente elevar las penas con respecto a la colaboración con banda armada. De esta forma, se podría cortar un apoyo logístico muy importante, como es la información".

UNION PROGRESISTA DE FISCALES

Por su parte, el portavoz de la Unión Progresista de Fiscales, Adrián Salazar, dijo a Servimedia que su asociación es contraria a la aplicación de la cadena perpetua, qu es, a su juicio, incompatible con la Constitución y contraria a la tradición jurídica española. Además, considera que "no es ninguna solución y es de escasa eficacia para la lucha contra el terrorismo".

"No se trata de un endurecimiento de las penas, que son ya lo suficientemente graves y se están cumpliendo por parte de los penados", continuó. "Lo que quizá habrá que plantear es otro tipo de medidas políticas, como es el acuerdo de los grupos políticos para aislar a los terroristas y a aquellos que poyan sus pretensiones".