Por este motivo, aprovechó una rueda de prensa para pedir formalmente la reunión de la comisión de seguimiento de ese acuerdo antes del próxio 3 de enero, fecha en la que el Consejo de Ministros aprobará un anteproyecto de ley para endurecer el acceso de condenados por terrorismo a beneficios penitenciarios.

Este anuncio del propio presidente del Gobierno llega después de que el ministro de Justicia, José María Michavila, y dirigentes socialistas se hayan mostrado públicamente favorables a evitar que los terroristas accedan al tercer grado o a la libertad condicional sin haber renunciado a la violencia.

Según explicó el portavoz sociaista, hasta el momento sólo ha habido conversaciones "muy informales" entre Michavila y el secretario de Libertades Públicas del PSOE, Juan Fernando López Aguilar, para constatar este diagóstico común.

Caldera aseguró que habrá conversaciones inmediatas con el PP para convocar a la comisión de seguimiento del pacto, y se mostró convencido de que no habrá "ningún inconveniente" para que esa reforma legislativa obtenga un consenso básico antes de llegar a la mesa del Consejo de Ministros.

Los sociaistas consideran necesaria esta reforma y rechazan la posibilidad de que el Ejecutivo quiera impulsarla ahora con el objetivo prioritario de trasladar el foco de la actualidad, marcada por el "Prestige".

Además de lograr el acuerdo de PP y PSOE, Caldera juzgó conveniente que esta reforma logre el beneplácito de otros grupos parlamentarios, y aseguró que Izquierda Unida, PNV y CiU se han mostrado dispuestos, al menos, a debatirla.