Según un informe difundido hoy por el Ministerio del Interior, los ataques contra personas obienes de los colectivos citados siguen produciéndose, aunque no hay que contabilizar daños personales.

Entre los meses de septiembre y marzo pasados tuvieron lugar, en el marco de la llamada violencia callejera, 7 ataques personales contra militantes del PP, 1 contra miembros de la Guardia Civil, 1 contra miembros de la Ertzaintza y 1 contra funcionarios de prisiones.

Los actos violentos dirigidos a bienes personales fueron 10 contra militantes o cargos del PSOE, o familiares de éstos; 14 contramilitantes o cargos del PP; 1 contra miembros del Foro de Ermua; uno contra militares; 7 contra miembros del Cuerpo Nacional de Policía; 4 contra miembros de la Guardia Civil o de familiares de éstos; 2 contra bienes de miembros de la Ertzaintza; 2 contra periodistas y 7 contra particulares.

En el apartado de acciones violentas contra intereses privados o particulares, no se excluye ni a las ONGs, una de las cuales sufrió un atentado, según la estadística. Un total de 48 actos se dirigieron contra intreses bancarios, 11 contra medios de comunicación, 16 contra bienes de compañías telefónicas y 7 de compañías eléctricas, 6 contra empresas privadas y 4 contra concensionarios de automóviles.

Otros 99 ataques violentos de apoyo a ETA afectaron a bienes y edificios públicos. Así, 26 afectaron al mobiliario urbano, 35 acciones consistieron en cortes de tráfico, barricadas, artefactos explosivos abandonados, etcétera; 7 ataques contra edificios judiciales, 4 contra edificios de instituciones nacionales,contra inmuebles de la administración autónomica y 2 contra edificioso municipales.

De igual modo, una instalación militar fue atacada por incontrolados y en 7 ocasiones se produjeron ataques contra edificios de la policía. El transporte urbano sufrió cuatro ataques y tres más afectaron a medios e instalaciones ferroviarias. Edificios de Correos fueron atacados en 8 ocasiones y, además, se quemó una bandera.

Además de los 13 actos contra intereses del PSOE y 2 del PP, el sindicato Unión General e Trabajadores fue objeto de un ataque en los últimos siete meses.

En otra estadística, el Ministerio del Interior contabiliza un total de 125 concentraciones y amenazas contra bienes y personas, siendo la mayoría, 87, contra militantes y cargos públicos del PP y de Unión del Pueblo Navarro (UPN).

Ante domicilios particulares o sedes oficiales se han contabilizado 31 concentraciones, siendo mayoritaria la actividad al respecto desplegada frente a domicilios o comercios de militantes y cargos públcos, así como sedes, del PP.