Despés de dos meses de continuos recesos y retrasos, en los que las dos formaciones han analizado con profundidad el modo de llevar a la práctica las iniciativas, populares y socialistas darán el visto bueno en la mañana del miércoles a casi todas las medidas. La única que ha quedado excluida por deseo expreso del PP es la creación de un fondo económico para mejorar la seguridad de los ediles.

Desde el 25 de marzo, cuando las delegaciones de PP y PSOE se reunieron para concretar cómo proteger a los concejles vascos, los dos partidos han retrasado una y otra vez esta reunión. Primero fijaron como fecha para la aprobación del texto final el 10 de abril, pero han pasado dos meses desde entonces sin que hubiera acuerdo.

Desde Génova se negó que los retrasos se debieran a las diferencias sobre la reforma de la Ley de Partidos Políticos y se adujo que querían estudiar con más calma cómo aplicar este conjunto de medidas. Mientras tanto, el PSOE ha tenido que esperar más de lo previsto para que los populares es remitiesen la propuesta, que quedará aprobada el día 5 con ocho semanas de demora sobre lo previsto en un primer momento.

El documento definitivo contempla que las diputaciones provinciales asuman la gestión de los ayuntamientos que sean disueltos por justificación o ensalzamiento de actividades terroristas, humillación de las víctimas o perturbación grave del funcionamiento de la corporación local.

Populares y socialistas reformarán también la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG para impedir la elegibilidad de quienes hayan sido condenados por terrorismo. Además, otra modificación de esta misma norma permitirá eliminar límites al número de suplentes que cada formación política puede presentar en sus listas electorales.

En los casos en los que las dimisiones en cadena dejen a un Ayuntamiento sin voz de alguna formación política, cualquier ciudadano mayor de edad en condiciones de ser elegido podrá suplir a los concejales dimitidos.

Esos suplentes serán elegidos por la Diutación Provincial correspondiente a propuesta de las formaciones políticas afectadas, es decir, que hayan sufrido las dimisiones que han de ser cubiertas.

DISOLUCION

Las corporaciones locales cuyas actuaciones fomenten el terrorismo, lo enaltezcan o justifiquen, humillen o menosprecien a las víctimas o impidan el normal funcionamiento del ayuntamiento, podrán ser disueltas por decreto del Consejo de Ministros previa comunicación al Gobierno autonómico y con acuerdo del Senado.

En estos casos, a diputación provincial correspondiente se hará cargo de la gestión de este municipio hasta las siguientes elecciones municipales.

Este sería un nuevo supuesto de disolución que se añadiría al artículo 61 de la Ley de Bases del Régimen Local, en el que ya se contempla la disolución de las corporaciones cuya gestión sea "gravemente dañosa" para los intereses generales o resulte contraria a los principios constitucionales.

En este supuesto que ya está vigente y que fue declarado conforme a la CartaMagna por el Tribunal Constitucional, la ley prevé la creación de una comisión gestora que conduzca al ayuntamiento a unas nuevas elecciones parciales antes de tres meses.

Sin embargo, cuando la disolución se vincule a actividades relacionadas con el terrorismo la gestión será asumida por la diputación provincial hasta las siguientes elecciones municipales.

Populares y socialistas acordaron además que los interventores de las elecciones vascas no tengan que ser necesariamente residentes en la cirunscripción en la que desarrollen su labor, y que las declaraciones de bienes de los concejales sean custodiadas en las diputaciones y no en los ayuntamientos.

SUBVENCIONES

También reformarán la Ley de Financiación de partidos políticas para evitar que las formaciones políticas que justifiquen o respalden el terrorismo, menosprecien a las víctimas o impidan el ejercicio de las labores de los concejales reciban cualquier tipo de subvenciones públicas.

Otra reforma, ésta del Código Penal, permitiá incriminar no sólo a quienes amenacen a los cargos públicos, sino a quienes les impidan el acceso a los plenos o el normal ejercicio de su función.

Las diferencias de matiz en la naturaleza que podría tener el fondo para financiar la seguridad de los cargos públicos en Euskadi ha provocado que, finalmente, dejen al margen esta posibilidad. Elevarán la decisión última a la Comisión de Seguimiento del Acuerdo Antiterrorista para que, los secretarios generales de PP y PSOE, Javier Arenas y José Luis Roríguez Zapatero, puedan descartarlo definitivamente o buscar otra solución para su creación.

Los populares creen que podría suponer una discriminación positiva para los concejales del País Vasco respecto a los del resto de España, por lo que ellos mismos han pedido a la dirección nacional del PP que descarten por el momento esa opción.

Todos estos acuerdos deberán ser concretados en varias proposiciones de ley que los dos partidos llevarán al Congreso de los Diputados para su aprobación después d ofrecer consenso al resto de fuerzas parlamentarias.