Royo explicó que en tanto no se conozca la redacción concreta las reformas legislativas relativas a la Ley de Partidos Políticos y a la Ley de Régimen Electoral General, no se podrá juzgar sobre su constitucionalidad.

En todo caso, y como valoración general insistió en que el Gobierno y el PSOE "tendrán que quebrarse la cabeza para elaborar un texto que quepa en la Constitución" y probablemente, vaticinó, la reforma "acabará e el Tribunal Constitucional".

Recordó que la Ley de Partidos Políticos establece mecanismos claros para la constitución de una organización partidaria: "se presentan unos Estatutos, que van al Registro, después los examina el Fiscal y éste es el que puede instar ante el Poder Judicial la suspensión y eventualmente la disolución".

Royo insistió en que el Estado de derecho se basa en el establecimiento de "normas generales" que hacen difícil la introducción de "excepciones", por ejemplo en el caso e que se pretenda permitir la presentación de listas incompletas de candidatos a los ayuntamientos vascos.

Pese a estas dificultades, el catedrático argumentó que las reformas podrían salir adelante si su aprobación fuera precedida de un acuerdo con el Gobierno vasco, puesto que son el Ejecutivo de Ibarretxe y el Parlamento autonómico los únicos legitimados para interponer recurso de inconstitucionalidad.

"Las leyes, si no las recurre nadie, son constitucionales por principio", explicó Pérez Royo "y por tanto podría implantarse si fuera precedido por un acuerdo con el Gobierno vasco y el PNV".