Almorza comparecerá mañana ante el titular del Juzgado Central de Instrucción número 1 de la Audiencia Nacional, Guillermo Ruiz Polanco, quien le comunicará su procesamiento por la única causa que tiene pendiente con la justicia española, según las mismas fuentes.

"Pedrito de Andoain" fue el responsable de la red de cobro del denominado "impuesto revolucionario" hasta el 6 de agosto de 1993, cuando fue detenido en París. En el momento de su detención, Almorza tenía en su poder fotocopias de 16 informes que la empresa Incresa realizó a petición del equipo de investigación del diario "Egin" sobre la situación económica y financiera de diversas empresas. Según las mismas fuentes, entre 1990 y 1992, ETA llevó a cabo acciones terroristas contra nueve de las entidades mencionadas en dichos escritos.

Por su relación con dicha red de extorsión, a Almorza se le imputan 7 delitos de amenazas, consistentes en la exigencia de pago del "impuesto revolucionario" a otras tantas empresas, dos de las cuales desembolsaron la cantidad exigida por la banda terrorista.

Por estos hechos, la Fiscalía de la Audiencia Nacional solicita que Carlos Almorza, de 41 años, sea condenado a un total de 14 años de cárcel por 7 delitos de amenazas, dos de ellos con propósito conseguido y otros cinco más sin dicho objetivo.

La Fiscalía de la Audiencia Nacional considera probado que Almorza dirigía entre 1992 y 1993 el denominado "aparato fianciero" de ETA.

LA RED DE EXTORSION

Según el escrito de acusación de la Fiscalía de la Audiencia Nacional, en el último trimestre de 1992 decidió crear un grupo de personas que se encargaran de la actividad extorsionadora a los empresarios vascos, para lo que captó a José Javier Lazkano, Iñaki Arrietaleaniz, Luis Echevarría y José Ramón Ayastuy.

Siempre según la versión de la Fiscalía de la Audiencia Nacional, Almorza era quien seleccionaba a los empresarios que había que extorsionar. Así, entegaba a los cuatro etarras antes mencionados las cartas intimidatorias que remitían a sus víctimas.

Una vez enviadas las misivas, los procesados Iñaki Arrieteleaniz y José Javier Lazkano eran los encargados de telefonear a los empresarios para confirmar si habían recibido las cartas.

Posteriormente, los terroristas procedían a fijar los lugares y fechas de las citas con los empresarios, lo que hacían a través del teléfono o por medio de notas depositadas en los buzones de los domicilios de las vítimas. Esas notas eran confeccionadas por Iñaki Arrietaleaniz.

En las citas, los etarras y los empresarios negociaban la cantidad a desembolsar y el modo de pago, si bien Almorza tenía la última palabra.

En total, el "aparato financiero" de ETA logró obtener durante esa etapa un total de 15 millones de pesetas de 2 de los 7 empresarios, a los que inicialmente exigieron un total de 125 millones de pesetas en concepto de "impuesto revolucionario". Esa cuantía fue además recuperada por la policía trs la desarticulación del "comando".

PEPE REI

En relación a la red de extorsión de ETA, y concretamente por los informes incautados a Almorza, ya fue juzgado en su día el periodista Pepe Rei, a quien la Audiencia Nacional absolvió, por falta de pruebas, de un delito de colaboración con banda armada.

En su resolución, la Sección Primera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional aplicó al acusado el principio de "in dubio pro reo", ya que durante el juicio no se pudieron despejar las dudas d si fue Rei el que directa o indirectamente remitió a ETA los informes y, por tanto, no fue probada su colaboración con la banda armada.