Esta norma, que hrá de ser ratificada ahora en el Senado, ha salido de la Cámara Baja sin la inclusión de ninguna de las enmiendas que se defendieron durante el debate en Pleno. Tras ser tratada en ponencia y Comisión, donde se aceptaron algunos cambios, mantuvieron sus propuestas de modificación el PSOE, IU, PNV, Coalición Canaria, y EA.

Las principales discrepancias de estos grupos se refieren a la comisión de seguimiento diseñada por el Gobierno, que para estos partidos supone atribuir a la Administración competencas que deberían ser exclusivamente judiciales.

La llamada Comisión de Vigilancia de Actividades de Financiación del Terrorismo ideada por el Gobierno tiene la facultad de acordar el bloqueo de los saldos, las cuentas y los bienes en general de personas o entidades relacionadas con organizaciones terroristas.

Está adscrita y depende del Ministerio del Interior, la preside el secretario de Estado de Seguridad, y está formada por un miembro de la Fiscalía General del Estado, un representante del Minsterio de Justicia, otro de Interior y otro de Economía. Su objetivo es "servir de cauce de colaboración" entre la Administración, las entidades financieras y los órganos judiciales.

MAS GARANTIAS

Javier Barrero, portavoz de Justicia del PSOE, recalcó que esta ley es "necesaria y oportuna", por lo que se han alcanzado acuerdos desde la elaboración del borrador que han permitido mejorarlos, si bien indicó que el trámite del Senado permitirá perfeccionar el texto e introducir mayores garantías.

Pra Barrero, "no parecen fundadas las razones que llevan a que una comisión de vigilancia pase incluso por encima de la propia competencia que tiene la autoridad judicial". Apuntó que no "choca con la eficacia" de la ley el hecho de aumentar las garantías a la hora de que la conmisión de vigilancia solicite información de los ciudadanos.

Por su parte, el portavoz de Justicia de CiU, Manel Silva, afirmó que su grupo tiene algunas "dudas" sobre el tratamiento que dé este texto al respeto a la intimidad, n lo que se refiere, especialmente, a los datos financieros y bancarios.

En este sentido, recalcó que la autoridad judicial tiene la potestad de vigilar el respeto de las actuaciones administrativas a los derechos de los ciudadanos, por lo que abogó por un sistema de control judicial, aunque no sea previo al acto administrativo que establece esta ley.

El portavoz de Izquierda Unida, Felipe Alcaraz, recordó que su grupo no pidió la retirada de este proyecto de ley cuando el Gobierno lo trajo al Cogreso, lo que no quita que defienda enmiendas parciales con las que pretende "evitar daños colaterales en aspectos esenciales".

INTIMIDAD Y LIBERTAD DE EXPRESION

Advirtió de que esta norma puede afectar a derechos fundamentales como la intimidad y la libertad de expresión, cuestiones con cuya filosofía el PP asegura estar de acuerdo, pero "nosotros queremos plasmarla negro sobre blanco", pero los populares no las aceptan como corrección.

También la comisión de seguimiento, discrecionalidad sigu viva y desemboca en una auténtica "autotutela administrativa asumiendo competencias judiciales". Dijo que no aceptar estas cuestiones generaría "desconfianza", por lo que se abstuvo en la votación.

Margarita Uría, portavoz del PNV en materia de Justicia, dijo que mantiene 14 enmiendas porque, si bien tampoco enmendaron a la totalidad este proyecto, es necesario garantizar su "plena constitucionalidad". Indicó que "no hay oposición frontal a la existencia de una regulación" sobre la materia, pero sí u "deber de colaboración para corregir los graves defectos" que presenta el texto inicial.

Para la diputada peneuvista, el establecimiento de la comisión de vigilancia de las actividades de financiación del terrorismo denota una "huida de los controles judiciales" en una materia "peligrosa". Asimismo, reclama la presencia de las comunidades autónomas, siempre "olvidada", y que sea la Sala Penal de la Audiencia Nacional la encargada de estas cuestiones.

DESVIRTUAR EL PROYECTO

En nombre del PP, An María Torme defendió este proyecto y recalcó que en fase de ponencia y comisión se han incluido distintas enmiendas que mejoran el texto y fueron presentadas por el PSOE, una Coalición Canaria, una del PNV, otra de CiU, dos de su propio grupo.

En cuanto a las enmiendas que los grupos han mantenido, se refirió a las relativas a la comisión de vigilancia, que si se aceptaran, dijo, supondrían "desvirtuar totalmente el sentido del proyecto", porque transformaría el "acto administrativo de bloqueo en un cto jurisdiccional", cuando la novedad de esta ley es que "se mueve en el ámbito puramente administrativo".

Aseguró el "pleno respeto" del proyecto al derecho a la intimidad, pues esta ley no incluye como algo novedoso la posibilidad de investigación financiera por parte de organismos administrativos, que ya está regulada, sino la del bloqueo, y recalcó que todo se hará con respeto a los límites constitucioanles.

Por todo ello, la diputada popular concluyó que esta ley supone una respuesta "jurídcamente impecable y moderna" al terrorismo.