Esta entrega coincide con tras que se están haciendo en las subdelegaciones del Gobierno a víctimas de otras provincias, al amparo del Real decreto que el Gobierno aprobó el 23 de enero de 1998 para regular las entregas de la recaudación del sorteo extraordinario.

El decreto establece como beneficiarios a los familiares de fallecidos en acto terrorista o por personas integradas en bandas armadas, así como a aquellas personas que hayan sufrido lesiones físicas o psíquicas como consecuencia de actos de esta naturaleza, con posteioridad al 1 de junio de 1968.

Los beneficiarios directos son el cónyuge del fallecido, si no estuviera separado legalmente; o la persona que haya convivido con él durante los dos años anteriores con análoga relación de afectividad, salvo que hayan tenido descendencia, en cuyo caso basta la mera convivencia.

En caso de concurrir el cónyuge no separado legalmente y el conviviente, sólo es beneficiario el cónyuge. De igual modo, son beneficiarios los hijos del fallecido. De no existir padres e hijo, son beneficiarios los padres del fallecido.

Estas ayudas se destinan, igualmente, a aquellas personas que hayan sufrido lesiones físicas o psíquicas causantes de gran invalidez o incapacidad permanente, absoluta, total o parcial, o que hayan originado graves secuelas, físicas o psíquicas.

Asimismo está prevista la concesión de ayudas para financiar tratamientos médicos, prótesis e intervenciones quirúrgicas no cubiertas por un sistema público o privado; para gastos de atención a grandes minusváidos y para paliar problemas graves y urgentes de viviendas, manutención y asistencia a víctimas con notoria carencia de medios.

De la concesión de las ayudas se responsabiliza una comisión evaluadora integrada por representantes de la Secretaría General Técnica del Ministerio del Interior, la Subdirección General de Atención al Ciudadano y de Asistencia a Víctimas del Terrorismo, de las asociaciones de víctimas del terrorismo, así como un representante de las distintas oficinas de víctimas de las comnidades autónomas.

El 23 de enero de 1998, el Gobierno acompañó la aprobación de ese real decreto con dos órdenes ministeriales para invertir, respectivamente, 87 millones de pesetas en apoyo las organizaciones de víctimas del terrorismo, y 150 millones para desarrollar un plan de empleo para mujeres y minusválidos víctimas del terrorismo.