El documento aprobado por el Gabinete que preside Juan José Ibarretxe acusa al Gobierno central de llevar a cabo una "utilización espuria" de la política penitenciaria "como instrumento de la lucha contra el terrorismo".

El auerdo afirma que "la práctica del alejamiento generalizado de los presos de ETA constituye un agravamiento inaceptable e ilegítimo de la pena impuesta a la persona reclusa, así como una obligada aflicción injusta a sus familiares".

Por este motivo, el Gobierno vasco demanda al Ejecutivo de José María Aznar la "inmediata rectificación" de su política penitenciaria y la "adopción de las medidas necesarias para acercar a todas las personas de ciudadanía vasca privadas de libertad a cárceles cercanas a suentorno social y familiar".

Las autoridades vascas hacen estas consideraciones tras manifestar que rechazan de "manera radical y rotunda" el terrorismo de ETA, al tiempo que reafirman su compromiso "con la defensa de la vida y la libertad de los ciudadanos y ciudadanas vascas, así como su solidaridad y apoyo a las víctimas".

A continuación, el Gabinete de Ibarretxe explica que enviará este documento, en primer lugar, a Aznar y al ministro del Interior, Angel Acebes, "al objeto de que se tomen lasmedidas que en él se exigen".

Además, el texto será remitido a los responsables de una serie de organismos internacionales con objeto de "hacerles partícipes del mismo". Entre estos destinatarios figuran el secretario general de la ONU, Kofi Annan, el presidente de la Comisión Europea, Romano Prodi, y el presidente del Parlamento Europeo, Pat Cox.

También tendrán noticia de esta denuncia de la política penitenciaria española el comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Sergio ieira, su homólogo en el Consejo de Europa, Alvaro Gil-Robles, así como otras autoridades españolas como la presidenta del Congreso, Luisa Fernanda Rudi, y de la Cámara vasca, Juan María Atutxa.