Tras recordar que aproximadamente un 50% de los presos de ETA cumplen sus condenas en cárceles situadas a más de 600 kilómetros de sus familias y que una veintena están en prisiones insulares, los portavoces de Gesto por la Paz indicaron que, como personas, los reclusos por acciones terroristas tienen l mismo derecho que cualquier otro preso a intentar un proceso de reinserción.

"Nuestra legislación prevé, como medidas del tratamiento penitenciario -que por definición es individualizado-, la clasificación en grados, pero no incluye medidas referidas a la ubicación física de los internos", indicaron.

A su juicio, el tratamiento individualizado no es, como pretende el Gobierno, una excusa para valorar la posibilidad de un acercamiento caso a caso, ya que de esta forma se mantiene una situación ijusta.

En opinión de Gesto por la Paz, el alejamiento constituye un castigo añadido a la condena del preso, castigo que no figura en ninguna sentencia, que no encuentra ningún tipo de justificación en la ley, que se decide de forma arbitraria y que ha demostrado ser completamente ineficaz.

Los dirigentes de la coordinadora creen que "la defensa de la dignidad en las condiciones de vida de los presos y presas relacionados con ETA es perfectamente compatible con que nos sintamos profundamente conmoidos por el sufrimiento de las víctimas y asqueados por cada nuevo atentado".