Entre las 31 personas que han sido procesadas por Garzón se encuentran las siete a las que la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional dejó en libertad bajo fiana de un millón de pesetas por su presunta pertenencia al "aparato político" de ETA, el pasado 4 de abril.

Se trata del abogado de Gestoras Pro Amnistía Txema Matanzas, y de Ruben Nieto, Antón Olloquiegi, Unai Hernández, Francisco Gudín, Francisco Javier Balanzategi y David Soto. Los magistrados argumentaron entonces que "no existe documento atribuido a Ekin que permita establecer de forma directa la existencia de tal vinculación entre ambas organizaciones", es decir, entre Ekin y ETA.

En un auto e 321 folios, Garzón mantiene la prisión de seis personas (Ana Lizarralde, Peio Ion Sánchez, Paul Asensio, Olatz Eguiguren, Jaime Iribarren y Juan María Mendizábal) y cita como imputados para el próximo 29 de agosto a Mario Zubiaga y a Albertos Frías.

En su resolución, Garzón explica que no ha procesado aún a estas dos personas, "a pesar de los indicios existentes" porque aún no les ha tomado declaración como imputados.

Asimismo, Garzón remite al Tribunal Superior de Justicia del País Vasco la pate del caso relativa a los parlamentarios de Euskal Herritarrok (EH) José Antonio Urruticoechea Bengoechea, "Josu Ternera", y Jon Salaberría, por su presunta implicación en esta causa.

El Tribunal Superior del País Vasco es el competente para estudiar los casos abiertos contra los miembros del Parlamento Vasco.

Para Garzón, "Ekin es el resultado final de un largo proceso [...] con el 'desdoblamiento' de los distintos frentes de ETA -el militar, que opera en la ilegalidad, y las ramas política, cutural y obrera- y la generación de las 'nuevas organizaciones' para dar lugar al MLNV y a KAS, hasta la disolución de ésta y su sustitución por la 'nueva organización', destinada a la dinamización de la izquierda abertzale".

Asimismo, considera que la organización EKIN ejerce control sobre el entramado del MLNV y concretamente sobre Herri Batasauna-Euskal Herritarrok, además de asumir y dirigir el proyecto de "desobediencia civil", ideado para "generar un cuerpo social que no reconozca legitimidad algna al Estado español y sustraer del control normativo de éste importantes parcelas de la vida de los ciudadanos".

Garzón ha llevado a cabo el procesamiento de estas personas a petición del fiscal encargado del caso, Enrique Molina, para quien EKIN tiene la misma estructura, financiación y finalidad que la Koordinadora Abertzale Sozialista (KAS). En su opinión, ésta se convirtió en aquella tras ser declarada ilegal por Garzón en 1998.

En su petición, el fiscal argumentó también que EKIN, declaradailegal por Garzón el pasado mes de abril, "presenta características de opacidad y clandestinidad, tanto en sus estructuras, como en la pertenencia de sus miembros y sus actividades", igual que KAS.