La apertura de la investigación se realiza en virtud de los escritos remitidos a la fiscalía por parte del delegado del Gobierno en Euskadi, Enrique Villar Moreno, en el que relata las cartasintimidatorias y los pasquines amenazadores de que han sido objeto cargos públicos del PP, haciéndoles corresponsables de la política de dispersión de presos del Gobierno.

El delegado del Gobierno se refiere concretamente a los casos de la parlamentaria María José Usandizaga y a los concejales Ascensión Pastor (Bilbao), Dolores Ciordia Burgos (Portugalete) y Victorio Fernández Aguado (Erandio-Vizcaya).

El propio delegado del Gobierno apunta en sus escritos que "dichas conductas podrían incardinare en la política de constante amenaza y coacción lleva a cabo por el colectivo Senideak (la asociación de presos de familiares de ETA), habiendo sido vistos algunos de sus miembros portando pancartas del contenido señalado".

Por ello, la Fiscalía abrirá una investigación para determinar "con exactitud" la procedencia de las coacciones o amenazas, y si estas pudieran ser constitutivas de delito.