El escrito del fiscal señala que no se ha identificado todavía a las personas que secuestraron a Aldaya el día 8 de mayo de 1995 y le liberaron el 14 de abril de 1996, tras abonar el empresario una cantidad de 150 millones de pesetas.

Según el relato del fiscal, Castro Sarriegui trabajó durante una mes en la empresa Alditrans, popiedad de José María Aldaya, donde recogió datos suficientes para su secuestro.

El procesado colaboró activamente con el "comando Ipar Haizea" al que facilitó datos sobre el empresario. En un informe que luego se incautó la policía, éste destacaba que José María Aldaya era dueño de las empresas Alditrans y Ugaldetxu, de las que obtenía unos beneficios anuales de 200 y 400 millones de pesetas, respectivamente.

"Si se quiere se le puede secuestrar y pedir más de 1.000 millones. No hay problemas paa hacerlo, ya que no tiene guardaespaldas ni toma medidas de seguridad", comunicó el procesado a ETA en el informe al que tuvo acceso al policía.

El escrito del fiscal señala también al miembro de ETA Oscar Cadenas Lorente como coautor de las diversas informaciones facilitadas sobre la vida y costumbres de Aldaya. Este etarra se encuentra actualmente en rebeldía en México, pais al que ya ha sido solicitada su extradición.

Además de los 17 años de prisión por un delito de detención ilegal bajo resate, el fiscal obliga a Alfonso Castro Sarriegui a indemnizar a Aldaya con 150 millones de pesetas por la cantidad pagada en concepto de rescate y 200 millones de pesetas por los daños morales sufridos durante el secuestro y las posteriores secuelas.