En declaraciones a Servimedia, el vicepresidente de APROSER, Luis Posadas, demandó que el criterio para adjudicar los contratos de protección de estas personas "no sea sólo el precio".

Posadas aseguró que no es conveniente que la adjudicación de la seguridad de concejales y posibles objetivos de ETA se haga "en función de los parámetros que no son los de la eficacia del trabajo", en referencia a que las Administraciones sólo tegan en cuenta el gasto que realizan.

En este sentido, añadió que la evaluación que de las empresas de seguridad realizan las autoridades públicas "tiene un coste", y que esto debe observarse al elegir quien trabaja en la comunidad vasca.

Al mismo tiempo, el presidente de APROSER, Angel Vizcaíno, aseguró que los departamentos de Interior deben tener presente la "solvencia empresarial" a la hora de tomar sus decisiones.

Al mismo tiempo, Vizcaíno se refirió a la labor que desempeñan los escolta en el País Vasco, y afirmó que las empresas consideran que hay que dotar a estos profesionales "de los mayores medios técnicos y económicos para que puedan ejercer su actividad".