La Cámara Baja dejó preparada para ser debatida en el Senado esta iniciativa del Gobierno, a la que se opusieron cuando comenzó su trámite parlamentario el PNV, IU, EA y BNG, que reclamaron la devolución del proyecto de reforma de la Ley General Peniteciaria y la Ley de Demarcación y Planta Judicial.

Tras su paso por Comisión, en la que se aceptaron pequeñas modificaciones, PSOE, IU, CiU, PNV y el Grupo Mixto mantuvieron algunas enmiendas, entre las que figuraban las que pretendían limitar la aplicación de esta norma a los delitos de terrorismo, algo a lo que se opuso el PP por considerar que también debe afectar, por ejemplo, a los grandes delitos económicos.

Además, los partidos que enmendaron este texto denunciaron que centralizar la vigilacia penitenciaria en un juzgado de la Audiencia Nacional vulnera la protección de los derechos de los presos, que se basa en el tratamiento individualizado de su situación penitenciaria y el objetivo de la resocialización.

Luis Carlos Rejón, portavoz de Justicia de Izquierda Unida, y Margarita Uría, en nombre del PNV, defendieron ese planteamiento ante una norma que puede vulnerar, dicen, los principios y garantías del Estado de Derecho, opinión que defendió también la diputada de Eusko Alkartasuna, Bgoña Lasagabaster.

El responsable de Justicia de CiU, Manel Silva, pidió que esta normativa se aplique sólo a los presos condenados por la Audiencia Nacional por delitos de terrorismo, pero el ponente del PP, Leocadio Bueso, se opuso a este extremo porque dejaría fuera a los llamados delitos de "cuello blanco".