La Audiencia Nacional, en una sentencia dada a conocer hoy, considera que Francisco Múgica Garmendia, José Luis Alvarez Santacristina y José María Arregui Erostarbe son responsables de que se exigiese y cobrase el impuesto revolucionario a 13 empresarios.

El fallo judicial entiende que estos ex integrantes de la cúpua de ETA son culpables "en concepto de autores, como inductor o cooperador necesario", así como "por haber tomado la decisión de recabar el impuesto revolucionario y dado las instrucciones para llevarla a cabo".

Por este motivo, la Audiencia condena a cada uno de estos tres terroristas por 9 delitos de amenazas condicionales, por escrito y sin conseguir el propósito, así como por otros 5 delitos de amenazas en los que sí consiguieron su objetivo.

La resolución argumenta que la cupula de ETA que cyó en Bidart decidió a comienzos de los años noventa "intensificar" la exigencia del cobro de la extorsión a empresarios.

Con este fin, la dirección etarra redactó dos cartas en las que se pedía el dinero y se amenazaba con represalias si no se satisfacía la demanda o si el amenazado decidía recurrir a la policía.

A continuación, los dirigentes de ETA dieron instrucciones a un comando para concretar "el lugar, la fecha, la cantidad y medio" de pago por el que el extorsionado debía hacer frente alpago.

Las cartas amenazantes por las que han sido condenados Múgica Garmendia, Alvarez Santacristina y Arregui Erostarbe fueron recibidas por un total de 13 empresarios, alguno de los cuales llegaron a abonar hasta 12 millones de pesetas.