La AVT informó en rueda de prensa de que han trasladado al titular del juzgado de Instrucción número 5 de la Audiencia los hechos relatados por tres personas que se han visto obligadas a abandonar sus domicilios en la comunidad vasca para trasladarse a otros puntos de España.

Este colectivo de víctimas presentó esta denuncia en relación con el auto dictado el 16 de octubre del pasado año por Garzón, quien sostenía que el entramado ETA-EKN puso en marcha hace años un plan para expulsar a los discrepantes del País Vasco, con el objeto de garantizar una mayoría en favor de la independencia en un hipotético referéndum de autodeterminación.

Según el escrito de la AVT, estas tres personas, que habrían presuntamente sido objeto de un crimen contra la humanidad, son Francisco Javier Caballero Dotres, María Eugenia Jódar Regaño y María del Carmen Echevarría Franco.

En el escrito presentado ante Garzón, el colectivo de víctimas explica qu Caballero Dotres, abogado de profesión, se vio obligado a abandonar su ciudad natal, San Sebastián, "tras sufrir una presión insoportable del entorno de ETA" y recibir una carta de la banda terrorista en la que se le exigía el pago del impuesto revolucionario.

A su vez, María Eugenia Jódar quedó huérfana a los 10 años de edad tras el asesinato de su padre en mayo de 1989, lo que le llevó a marcharse del País Vasco nueve años después, ya que "se veía incapaz de aguantar la presión".

Por último, Mría del Carmen Echebarría dejó la comunidad vasca tras el asesinato de su marido, un policía municipal, en 1982, después de padecer "incontables presiones y amenazas" del entorno de ETA, que le advertía de lo que podía sucederle a su marido.

Además de presentar a Garzón estos tres casos, la AVT ha puestos sus servicios jurídicos a disposición de todos los "exiliados" del País Vasco, con el fin de denunciar lo que les sucedió ante la Audiencia Nacional.