El fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Eduardo Fungairiño, pide para Gonzalo Rodríguez Cordero, José Gabriel Zabal Erasun e Ignacio Echevarría Martín, alias "Mortadelo", un total de 462 años de prisión e indemnizaciones que suman cerca de 2 millones y medio de euros.

Fungairiño mantiene en su escrito de acusación que Rodríguez y Zabala formaban el "comando robacoches", "comando mangui" o "comando Parque II", que se dedicaba a sustraer vehículos, cargarlos de materiales explosivos y entregarlos con matrículas falsas a otros miembros de la banda terrorista para que llevasen a cabo atentados.

El escrito del fisal jefe dice que ambos etarras robaron un automóvil en Zarauz (Guipúzcoa) en 1991 y lo prepararon con cerca de 50 kilogramos de amonal y metralla. Posteriormente, lo trasladaron hasta Madrid y lo estacionaron en las cercanías de la Residencia Sanitaria La Paz, donde fue recogido por Echevarría y otro terrorista sin identificar.

Una vez retirado el coche, lo situaron mal estacionado el 6 de febrero de 1992 en la confluencia de la calle Segovia y la Plaza de la Cruz Verde, donde lo hicieron estallar al aso de una furgoneta militar, que diariamente trasladaba personal desde la Capitanía General de la Región Militar Centro.

En el atentado fallecieron los cinco militares que viajaban en el furgón: los capitanes del Ejército de Tierra Juan Antonio Núñez, Ramón Navia y Emilio Tejedor, el soldado Francisco Carrillo y el radiotelegrafista Antonio Ricote. Asimismo, resultaron heridas 12 personas, varias de ellas de gravedad. La onda expansiva causó daños por cerca de 530.000 euros.

Tras la desarticulacón de la cúpula dirigente de ETA en Bidart (Francia) en marzo de 1992, "Mortadelo" abandonó Madrid y cruzó al país galo. Una vez allí, remitió un escrito a los nuevos líderes terroristas en el que repasaba varios atentados, entre ellos el mismo por el que será juzgado esta semana. Fue detenido en Pontivy en febrero de 1996 y extraditado a España en 2001.

Fungairiño acusa a Echeverría de ser el autor material y directo de los delitos de asesinato y estragos terroristas, mientras que a Rodríguez y Zabal les acusa de ser autores por cooperación necesaria de los mismos delitos, así como del robo de vehículos.