Se trata de Ignacio María O'Shea Artiñano, Carlos Trenor Dicenta, Sabino Ormazábal Elola, Mikel Aznar Ares y Mikel Zuluaga Uriarte, detenidos junto con otras cuatro personas más el pasado 5 de octubre en la operación "Itzali" (Apagar), dirigida por el juez de la Audiencia Nacional Batasar Garzón, quien investiga la trama financiera de ETA.

El fiscal encargado del caso, Enrique Molina, había solicitado que la puesta en libertad de cada una de las cinco personas mencionadas se realizase bajo una fianza de 2 millones de pesetas.

Los magistrados consideran que las "circunstancias personales" de los cinco recurrentes, así como "el tiempo que los mismos llevan ya en prisión provisional" aconsejan su puesta en libertad bajo la "razonable" fianza de 500.000 pesetas, cantidad que debrán hacer efectiva antes de las 13.00 horas del próximo 24 de mayo.

En su resolución, los magistrados de la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal imponen a estas cinco personas la obligación de comparecer los días 1 y 15 de cada mes ante el juzgado o la comisaría más próxima a su domicilio.

Estas cinco personas fueron detenidas en relación por su presunta relación con la estructura y estrategia de desobediencia civil diseñada por el complejo ETA-KAS a lo largo del bienio 1994-1995 y realizada porETA-EKIN en 1998, a través del proyecto "PITZU", que le fue incautado en marzo de 1999 al dirigente etarra José Javier Arizcuren Ruiz, alias "Kantauri".

Este proyecto trata de impulsar el rechazo del Documento Nacional de Identidad, la creación en su lugar de un documento de identificación exclusivo para el País Vasco, y obligar a las instituciones públicas a aceptarlo en la práctica.

Además, pretende contribuir a la creación del Estado paralelo que la organización terrorista ha diseñado a travésde sus respectivos frentes (financiero, propagandístico, exterior y político) y de su estrategia político-militar.

En esta operación, denominada "ITZALI" (Apagar), han intervenido más de 100 policías que han realizado nueve registros de domicilios y sedes de las fundaciones "Joxemi Zumalabe" y "ABK". Estas fundaciones presuntamente servían a ETA-EKIN como base para el desarrollo de la estrategia de desobediencia civil, según el Ministerio del Interior.

Carlos Trenor Dicenta y Sabino Ormazábal Eloa son presuntos responsables de EKIN y miembros de la fundación "Joxemi Zumalabe", de cuya gestión ejecutiva se encarga Mikel Aznar Ares.

Por su parte, Ignacio María O'Shea es responsable de la fundación "Joxemi Zumalabe". Por su parte, Mikel Zuluaga se declaró autor del denominado documento "Piztu" sobre desobediencia civil.