El decreto establece como destinatarios de dichos beneficios a los familiares de personas fallecidas por actos terroristas o de hechos perpetrados por personas integradas en bandas armadas, así como a aquellas personas que hayan sufrido lesiones físicas o psíquicas como consecuencia de actos de esta naturaleza, con posterioridad al 1 de junio de 1968.

Los beneficiarios de las ayudas prvistas serán, en caso de fallecimiento, el cónyuge de éste, si no estuviera separado legalmente; o la persona que hubiera convivido con él al menos durante los dos años anteriores, con análoga relación de afectividad, salvo que hubieran tenido descendencia, en cuyo caso bastará la mera convivencia.

En caso de concurrir el cónyuge no separado legalmente y el conviviente, sólo será beneficiario el cónyuge. De igual modo, serán beneficiarios los hijos del fallecido. De no existir padres e hijos, serán beeficiarios los padres del fallecido.

Estas ayudas se destinarán, igualmente, a aquellas personas que hubieran sufrido lesiones físicas o psíquicas causantes de gran invalidez o incapacidad permanente, absoluta, total o parcial, o que hayan originado graves secuelas, físicas o psíquicas.

Asimismo está prevista la concesión de ayudas para financiar tratamientos médicos, prótesis e intervenciones quirúrgicas no cubiertas por un sistema público o privado; para gastos de atención a grandes minusválido y para paliar problemas graves y urgentes de viviendas, manutención y asistencia a víctimas con notoria carencia de medios.

De la concesión de las ayudas se responsabilizará una comisión evaluadora, creada para tal fin, que estará integrada por representantes de la Secretaría General Técnica del Ministerio del Interior, la Subdirección General de Atención al Ciudadano y de Asistencia a Víctimas del Terrorismo, de las asociaciones de víctimas del terrorismo, así como un representante de las distintas ficinas de víctimas de las comunidades autónomas.

Al mismo tiempo, el Gobierno acompaña el real decreto con dos órdenes ministeriales, la primera de las cuales prevé una inversión de 87 millones de pesetas para apoyar a las organizaciones de víctimas del terrorismo, y una segunda, dotada con 150 millones, para desarrollar un plan de empleo específico destinado a los segmentos de mujeres víctimas del terrorismo y hombres y mujeres con minusvalía.