En el informe se pide que el Gobierno español aplique las recomendaciones del Comité de Derechos Huanos y del Comité contra la Tortura de Naciones Unidas, "incluyendo cambios en la legislación antiterrorista como la supresión de las situaciones en que se permite la extensión de la detención incomunicada y de las restricciones al derecho de los detenidos a disponer de la asistencia de un abogado defensor de su elección".

AI considera que el extendido uso de la detención en régimen de incomunicación, en el que se prorroga la detención hasta 5 días en aplicación de disposiciones especiales para los caos de terrorismo, "facilita la práctica de la tortura y los malos tratos".

GAL

El documento, que fue presentado hoy por el secretario general de esta organización, Pierre Sané, también menciona el juicio del "caso GAL", bajo un apartado titulado "La guerra sucia", y en donde exige que "los acusados deben gozar de todas las garantías de un juicio justo reconocidas internacionalmente".

"Los delitos imputados a algunos funcionarios encausados podrían suponer una vulneración de los tratados internaionales que protegen los derechos humanos firmados por España", indica el texto, que añade :"El Comité de los Derechos Humanos de la ONU ha mostrado su preocupación en los últimos años por la impunidad de la que parecen gozar algunos miembros de las fuerzas de seguridad".

Asimismo, en el informe se reconoce que AI sigue recibiendo denuncias sobre casos de torturas o malos tratos a personas que eran sospechosas de participar o colaborar con bandas armadas -y que han sido mantenidas en régimen de incomuicación en aplicación de la "legislación antiterrorista"-.

Además, este tipo de denuncias, según el documento, se está extendiendo a los sospechosos de delitos comunes y no sólo a los presuntos terroristas. Las torturas y malos tratos son atribuidas a funcionarios encargados de hacer cumplir la ley.

POLITICA INTERIOR

Otros aspectos que contiene el documento de AI en materia de política interior son la protección a los solicitantes de asilo en España y la enseñanza de los valores de los derechoshumanos a los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley.

Además, realiza recomendaciones para que se modifique la legislación con el fin de asegurar el acceso a la condición de objetor durante el periodo de incorporación a filas, la denominada objeción sobrevenida, y pide que haya cambios sustanciales en el Proyecto de Ley Orgánica de cooperación jurídica internacional en materia penal.