El inorme, titulado "España. Motivos de preocupación en materia de derechos humanos en relación con el proceso de paz en el País Vasco", solicita que se inverta "radicalmente la práctica de dispersar a ciertos grupos de presos repartiéndolos por toda la península, las islas y Ceuta y Melilla, con miras a permitir que todos los presos, cando sea posible, y siempre que el individuo lo solicite, cumplan sus penas en la zona donde tienen establecidos vínculos familiares sociales".

Asimismo, AI insta a ETA y a odos los grupos armados a poner fin de forma inmediata y definitiva a los abusos contra los derechos humanos, entre los que cita los homicidios y los secuestros.

Además, la organización muestra su preocupación por las constantes denuncias por casos de tortura durante la detención en régimen de incomunicación.

Según AI, la detención en régimen de incomunicación facilita la tortura y los malos tratos, y recuerda que el Comité de Derechos Humanos de la ONU instó a España a que abandone esa prácica. También destaca la laxa aplicación de sentencias condenatorias sobre agentes culpables de delitos de tortura, la prescripción de delitos antes de ser juzgados y la discrecionalidad de los indultos.

El informe se centra en los grandes retrasos que sufren los procesos judiciales que afectan a los presuntos miembros de los GAL que participaron en la "guerra sucia".

En este sentido, AI también expresa graves preocupaciones por los abusos contra los derechos humanos perpetrados durante años por elgrupo armado vasco Patria Vasca y Libertad en particular, y por los actos de violencia que han seguido produciéndose en el País Vasco y Navarra desde que ETA declaró "un cese indefinido de acciones" en septiembre de 1998.

Amnistía Internacional recomienda revocar los artículos de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que permiten prorrogar el periodo máximo de detención en régimen de incomunicación hasta cinco días y restringen el acceso del preso a su abogado.

Asimismo, exige que no se encapuche a ls detenidos ni se les venden los ojos, y grabar en vídeo los interrogatorios como medio de proteger tanto a los detenidos como a los agentes encargados de hacer cumplir la ley, a los que se les puede acusar falsamente de torturas o malos tratos.

Finalmente, pide a las autoridades españolas que no demoren el pago de indemnizaciones para las personas que han sido víctimas de actos terroristas o de torturas durante los últimos treinta años.