Se trata de María Goienetxea Garmendia, María Victoria Armendáriz Iraola y Angel María Hermosilla Bermejo, quienes, según Garzón, han podido incurrir en un delito de colaboración terrorista, dado que, "perteneciendo a KAS, han formado parte de los Consejos de Adminstración de AEK".

Garzón considera que "su actuación no es ajena a la actividad desarrollada en el ámbito de la organización criminal de ETA-KAS" y sostiene que estos imputados "desarrollan a través de AEK toda la dinámica relacionada con la enseñanza del euskera en el ámbito del frente cultural y de masas [...] como instrumento esencial para la construcción del llamado 'Estado Paralelo' al español, para deslegitimarlo y subvertirlo".

Con estos mismos argumentos, Garzón imputó un presunto delito e integración en la organización terrorista ETA-KAS a otros cuatro miembros de AEK: Juan María Mendizábal Alberdi, Eduardo Konde Rekondo, Erramún Osa Ibarzola y Angel María Olade Arrieta, quienes ya negaron las acusaciones ante Garzón.

A juicio del magistrado, AEK "responde al criterio establecido en la ponencia 'Karramarro' (cangrejo) de 1994", en la que ETA-KAS asume el proyecto de desobediencia civil para "hacer frente continuamente a la opresión española y francesa", y propone también desarrollar a "insumisión fiscal" de los vascos

Según el juez Garzón, la actividad de todos estos imputados en AEK "contribuye de forma eficaz a la consecución del único fin que persigue la organización terrorista a través de la violencia, la 'Alternativa Democrática', independencia y autodeterminación de Euskal Herría".

Para el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, AEK, como su sociedad instrumental Galgaraka S.L., han estado integradas en ETA-KAS al menos hasta 1998,"tanto en la estructura criminal de la organización terrorista [...] como en el frente o entramado económico y financiero".

CONTROLADA POR KAS

Además, sostiene que AEK y su instrumental "han estado controladas por miembros liberados de KAS e insertadas en sus órganos directivos", al tiempo que la coordinadora de alfabetización en euskera "ha contribuido a la financiación de otras estructuras de la organización ETA-KAS".

En este sentido, Garzón cree que AEK ha prestado ayuda para financiar el Grpo Editorial Orain-Egin, Jarrai, la revista de KAS, "Ezpala", y los sueldos de los liberados de esta coordinadora radical, entre quienes se encuentran el portavoz de Euskal Herritarrok (EH) Arnaldo Otegi y Xabier Alegría, uno de los imputados hoy.

Garzón investiga a AEK dentro del "caso Egin", instrucción que también dio lugar al desmantelamiento de la estructura política de ETA-EKIN.

Según el juez, EKIN son las siglas adoptadas por el entramado orgánico de KAS, tras la criminalización mediante ato dictado en el año 1998 por el juez Garzón. Con este auto, KAS fue declarada ilegal, demostrándose que formaba junto a ETA la misma estructura criminal, con un reparto de funciones completamentarias que posibilitaban su "estrategia político-militar".

Así, EKIN constituye parte del núcleo responsable de la nueva estructura de la banda terrorista, tras su reorganización durante la tregua, según el Ministerio de Interior.