De acuerdo con el estudio, el 52,9 por ciento de los atentados cometidos por ETA durante 1997 "tenían como objetivo directo las personas, constituyendo tal porcentaj el índice de agresividad más alto del último quinquenio".

Así, a pesar de que en 1997 existió un descenso de los atentados, se registró un mayor número de víctimas (de 5 en 1996 a 13 en 1997), y esto es debido a lo que ha dado en llamarse "aumento de la agresividad personal", pues la mayor parte de los atentados van dirigidos a causar daños personales.

Para los fiscales, a esta agresividad de ETA "debe añadirse una mayor selectividad en la elección de sus víctimas. Los últimos años se han caractrizado, no por los atentados discriminados, sino por unos objetivos y unas personas muy concretas. Es el Partido Popular y sus miembros un objetivo preferente de la banda terrorista".

La memoria de la Fiscalia del TSJPV detalla los 13 asesinatos de ETA en 1997: el guardia civil José Manuel García Hernández, los policías nacionales Modesto Rico, Luis Ander y Daniel Villar, el "ertzaina" José María Aguirre, los militares Jesús Cuesta y Domingo Puente, el magistrado Rafael Martínez Emperador, el funcionaio de prisiones Francisco Javier Elósegui, los políticos Miguel Angel Blanco y Jose Luís Caso y los civiles Eugenio Olaciregui y Francisco Arratibel.

RESPUESTA VISCERAL

No obstante, la memoría apunta el éxito de haber conseguido durante 1997 poner fin a dos secuestros, los de José Antonio Ortega Lara y Cosme Delclaux, y señala que la muerte de Miguel Angel Blanco, 48 horas después de la liberación de los dos anteriores, "más que una pretendida acción reivindicativa (...) fue un acto de venganza o rspuesta visceral por la liberación de Ortega Lara".

Por provincias, Vizcaya y Guipúzcoa ha sido las más afectadas, con 5 personas asesinadas en cada unade ellas, seguida de Madrid, con 2 muertos, y Granada, con uno.

Finalmente, la memoría hace una especial mención a la violencia del entorno de ETA y, concretamente, a la violencia urbana callejera.

"El terrorismo no se agota sólo en aquellas acciones que más repulsa obtienen a nivel general (...), sino que afecta también a lo que es conocido omo violencia o lucha callejera que se desarrolla no en todo el Estado español, sino que se circunscribe a unos límites tan estrechos como el propio País Vasco", indica la memoria.

Los fiscales consideran que este sistema conforma una "lucha de desgaste, de desmoralización y de exhibición de poder y de fuerza", que insiste en que "sin llegar al grado de organización previa que exige el terrorismo, no dejan de presentar visos de estructuración deliberada, como se pone de manifiesto en la selección de das, horas, vestimenta, búsqueda de resultados, distribución de funciones, vías y modos de huída".

Así, durante 1997, se instruyeron 4 causas contra menores implicados en esta violencia callejera y los cuatro fueron condenados a realizar diferentes trabajos en beneficio de la comunidad. Además, se dictaron 10 sentencias, 7 con condenas para los autores de los estragos y 3 absolutorias.