Ese es el resultado del estudio "Turismo sostenible y fiscalidad ambientl", realizado por tres profesores del Departamento de Economía Aplicada de la Universidad de Valencia, y publicado en el Boletín de Información Comercial, del Ministerio de Economía.

Los autores del estudio, que son contrarios a este tipo de ecotasa, estiman que Baleares, Canarias, Andalucía y Cataluña obtendrían el 73,8% de estos ingresos, puesto que son las comunidades que registras mayores cifras de pernoctaciones en hoteles.

A continución se situarían la Comunidad Valenciana, que podría ingrear unos 18 millones de euros; Madrid, con 11 millones; Castilla y León, con 4,5 millones de euros; y Galicia, con 4,1 millones de euros.

Los autores del estudio aseguran que "parece razonable el uso de instrumentos fiscales para paliar los problemas financieros causados por la congestión, usualmente de carácter estacional, de las infraestructuras financiadas por los residentes en zonas turísticas".

Sin embargo, estiman que "el impuesto balear no es ambiental porque no se ha fijado el importe del ismo en función del daño causado" y, por tanto, "parece que sólo interesa su vertiente recaudatoria".

A su juicio, "un auténtico impuesto ambiental sobre el turismo debería estar ligado a los principios del turismo sostenible, de manera que incitase a comportamientos más respetuosos con el medio ambiente, tanto por parte de los turistas como del sector turístico".

Además, "su recaudación debería gestionarse fundamentalmente por y para los residentes de forma que se respetara su cultura y sus tradciones. Sólo así el impuesto se convertiría en una pieza más de una planificación turística responsable".