El parlamentario, que prestó declaración de forma voluntaria durante cinco horas, se mostró satisfecho del resultado de la comparecencia y dijo haber demostrado que la querella presentada por el ex contable de Filesa, Carlos Van Schouwen "no tiene base", al tempo que estimaba que la tramitación de la petición de suplicatorio al Senado "es innecesaria".

Sala explicó ante los periodistas que se decididó a comprar la empresa por unacantidad simbólica (una peseta por cada acción) ante la oportunidad de poder disfrutar de unos locales en pleno centro de Barcelona por unos alquiler de 25.000 pesetas al mes.

Mientras el senador deseaba destinar los locales como archivo histórico del PSC o sede de "entidades que actúan en la órbita de los partidos políticos omo fundaciones y revistas", Navarro buscaba un rendimiento mercantil. El hecho de que ambos discreparan en sus objetivos no supone una contradicción, según el senador, para el que los dos fines eran plenamente compatibles.

Asimismo, el parlamentario manifestó que encontraba normal que comprara la empresa con dinero propio cuando pensaba utilizarla para fines plíticos, ya que la oportunidad exigía un inmediata intervención porque, al tratarse de un piso de renta antigüa, los propietarios del inmueble odían proceder al desahucio si advertían un cambio de titular en los contratos de alquiler.

"Cuando me dí cuenta de que no podía utilizar los locales para lo que quería, me desvinculé totalmente de la empresa y dí órdenes pra que se vendiera en una operación que seceró en un plazo no superior al año", añadió, al tiempo que aseguraba desconocer por completo las actividades llevadas a cabo por Time Export en ese período de tiempo.

El senador, que al igual que Navarro se negó a contestar a las pregutas del abogado del PP porque su personación en la causa representa "una innecesaria politización en un procediento estrictamente judicial", desmintió que se hubiera sentido presionado por la actitud del abogado del Estado.

El defensor de Carlos Navarro, Horacio de la Oliva, había denunciado momentos antes el "acoso" realizado por el letrado del Estado altratar de "imputado" al senador "de muchos y clarísimosdelitos" cuando todavía no se ha tramitado siquiera la petición del suplicatorio para procedercontra su persona.

"Me ha parecido bien que los distintos abogados y el fiscal me apretaran lo necesario para poder contribuir al esclarecimiento de la verdad", comentó al respecto Sala, que rechazó rotundamente que de su declaración pudiera desprenderse que admitía conductas delictivas, como afirmó uno de los abogados acusadores, Marcos García Montes, al término del interrogatorio.

García Montes estima sin embargo que, pese a negar cualquier vinculación con la marcha de la empresa, la firma de Sla figura en los balances de la sociedad y en las actas de dos juntas de accionistas en las que intervino el administrador, Luis Oliveró, al que el parlamentario asegura no conocer.

Además, el abogado de Ainco, Antonio Urdiales, considera que el interrogado no dió "una respuesta razonable" al afirmar que vendió por el mismo precio las acciones de la sociedad cuando Time Export facturaba 27 millones de pesetas; "es una contradicción que raya el ridículo porque nadie vende 27 millones de pesetas por 200pesetas".

FISCALIZACION DEL PSOE

El senador socialista declinó hacer cualquier comentario sobre las nuevas diligencias practicadas por el juez Barbero, que ha socilitado a Hacienda certificaciones de todas las declaraciones fiscales efectuadas por el PSOE entre 1989 y 1991.

Para el defensor de Navarro, Horacio Oliva, la ampliación de la investigación demuestra sin embargo que el magistrado convierte el procedimiento en una causa general "porque está investigando un partido político y no la coducta de los aforados".

Oliva criticó también el hecho de que el magistrado incorpore a la causa documentos contables del PSOE. "¿Cómo es posible que el PSOE entregue por vía judicial al primer partido de la oposición, que tiene por función revocar al Gobierno, los diarios de caja,de los que se pueden deducir estrategias electorales, todo?".

El abogado del PP, Juan Ramón Montero, rechazó estas acusaciones subrayando que "me limito a actuar como un profesional y, como tal, soy ajeno a cualquier tio de actividad extraprocesal porque mi labor se reduce a investigar los posibles hechos constitutivos de delito".

Montero estimó asimismo que el hecho de que los parlamentarios se hayan negado a contestar a sus preguntas, bajo la excusa de que el proceso estaba politizado, no es más que "una forma de acogerse a su derecho a no declarar porque es preferible no contestar a las preguntas que puedan llevar al esclarecimiento de los hechos".