Fuentes del CGPJ indicaron a Servimedia que, tras recibir el escrito de los inspectores, Pascual Sala les solicitó que se mantengan en sus cargos, dado que, en caso contrario, el máximo órgano de gobierno de los jueces no podría funcionar, puesto que el servicio de inspección cubre una desus principales funciones.

Entre los firmantes se encuentra Román García Varela, que es el vocal jefe del Servicio de Inspección. En su escrito de razonamiento ante Pascual Sala se indica que "Estevill nunca había mostrado interés por la información y documentación obrante en el Servicio de Inspección".

"Consideramos que la conducta de Estevill ha creado una situación de evidente crisis institucional y, por lo demás, de claro ataque a la independencia judicial y deterioro de la función inspectora, lo que a su juicio "sólo puede ser paliado con el cese o dimisión del citado vocal".

El Servicio de Inspección del CGPJ está formado por diez unidades, integradas cada una por un magistrado y un secretario de inspección. Por tanto, tan sólo cinco de sus miembros no han firmado el escrito presentando su renuncia, entre ellos José María Bento.

Bento, en otro escrito remitido al jefe del Servicio de Inspección, justifica su decisión afirmando que "no es función de los órganos técnicos de este Consjo hacer valoraciones de contenido político en orden a la conducta de cualquiera de los vocales del mismo" ya que, de ese modo, "suplantaríamos la función que en ese ámbito tienen no sólo los políticos, sino las asociaciones judiciales".

La permanencia de Pascual Estevill en el Consejo provocó en las últimas semanas la dimisión de cuatro vocales de este organismo: Rafael Sarazá, Ignacio Sierra, Soledad Mestre y Ana Pérez Tórtola. Esta última presentó su renuncia durante el pleno del pasado miércoles, n el que se mantuvo a Pascual Estevill en su cargo a pesar de su supuesta implicación en el intento de compra de voto de otro vocal.

Las otras tres dimisiones fueron presentadas tras el pleno del pasado día 6 en el que no prosperó el cese de Estevill propuesto por Pascual Sala que había considerado que el vocal catalán había incurrido en incumplimiento grave de sus deberes por filtrar a la prensa los resultados de una inspección realizada a unos juzgados de Barcelona.