El anteproyecto traspone al ordenamiento jurídico español dos directivas comunitarias relativas a los citados derechos laborales.

Para ello, prevé las situaciones de insolvencia del empresario con centros de trabajo en varios estados miembros, y determina la institución de garantía competente, así como los mecanismos de cooperación y colaboración necesarios.

Asimismo, se aprovechará la reforma del Estatuto para adecuar la normativa laboral a la Ley Concursal y reducir los múltiples procedimientos concursales en las declaraciones de insolvencia y la intervención del FOGASA. En este sentido, se suprime la referencia a la suspensión de pagos, a la quiebra y al concurso de acreedores.